trapagaran. El polémico realojo de la familia procedente de Sestao en La Arboleda parece que no tiene vuelta atrás después de que el Gobierno vasco anunciara ayer al resto de instituciones implicadas en el proceso que da por zanjado el expediente al constatar que su intervención “ya no da para más”, por lo que ahora queda en manos del matrimonio y sus representantes legales la decisión de ocuparla “cuando quieran”.

El Ejecutivo vasco trasladó esta decisión al resto de entidades en el transcurso de la segunda reunión que mantuvieron ayer en Bilbao para abordar el traslado. Fuentes del Departamento de Vivienda señalaron al término de la misma que han intentado alcanzar un acuerdo de consenso, pero los vecinos, que rechazan frontalmente la llegada de esta familia a la que califican como conflictiva, “no ponen alternativas válidas sobre la mesa”.

Precisamente la asociación de vecinos lanzó ayer una última propuesta con la esperanza de frenar el realojo que consistía en que el actual consejero deje el tema sobre la mesa para que lo retome su sucesor en el cargo una vez que se constituya el nuevo Gobierno vasco, pero la petición fue rechazada. “Pensamos que una persona que accede al cargo fresco y sin ataduras podía buscar otra solución, pero nos han dejado claro que el caso de La Arboleda es una lección que quieren dar a los municipios para que nadie se oponga al traslado de las familias que aún falta por sacar de Sestao”, criticó el presidente de la asociación de vecinos, Iñaki Zamarripa.

El representante del barrio reconocía sentirse “jodido” y “de mala hostia” tras la reunión, sobre todo porque aún albergaba la esperanza de que podían paralizar el proceso. La portavoz del Ayuntamiento de Trapagaran, Pilar Souto, tampoco ocultó que se encontraba “defraudada, triste y desamparada” con el resultado final. “Nos hemos levantado de la mesa con una sensación de fracaso”, añadió compungida.

El Consistorio minero ha estado en todo momento al lado de sus vecinos desde que saltara la polémica hace ya medio año y se ha mantenido firme en su postura de negarse a empadronar al matrimonio y sus hijos hasta que el Ararteko decidió actuar de ofició en el caso y emitió una resolución instándole a censar a la familia en la localidad. De hecho, ayer todavía trató de realizar un último esfuerzo volviendo a ofrecer al Gobierno vasco una vivienda en otra zona de la localidad con el fin de evitar el realojo en La Arboleda, pero al final “no hemos llegado a ningún acuerdo”, indicó Souto.

Manifestación Tal como ya había anunciado, la asociación de vecinos lideró a última hora de ayer una manifestación por el centro de Trapagaran para protestar por la llegada de esta familia, a la que se sumó parte de la corporación local y varios centenares de vecinos. La marcha se desarrolló bajo el lema Pisos gratis para todos porque, según se quejan, “no es justo que concedan una vivienda a unas personas que no han dado un palo al agua”. También mostraron carteles con la frase Conflciitvos no.

las reacciones

“Me he marchado de la reunión con sensación de fracaso y totalmente frustrada”

pilar souto

Portavoz del Ayuntamiento de Trapagaran

“Nos han dejado claro que es una lección para que nadie se oponga al resto de realojos”

iñaki zamarripa

Presidente de la asociación de vecinos

SOS Racismo exige igualdad de trato

SOS Racismo Bizkaia exigió ayer que se garantice “la igualdad de trato de todas las personas residentes en el municipio de Trapagaran, independientemente de su origen o pertenencia a minoría étnica”. En un comunicado el colectivo pidió también que “cesen los discursos alarmistas y pirómanos”, así como las movilizaciones “que promuevan la exclusión y el rechazo”. El texto se manifiesta en contra de “toda actitud o acción de carácter discriminatorio y excluyente” y exige la promoción de “acciones para fomentar la acogida e integración de personas recién llegadas al municipio”. El Ayuntamiento de Trapagaran, dice el texto, “se niega a aceptar a esta familia realojada, apoyando iniciativas de rechazo desde grupos de vecinos y negando el derecho y la obligación de empadronarse en el municipio”. Y añade que la convivencia con el vecindario “es una realidad variable y no es posible elegir”. Esta remisa “se vuelve más fundamental cuando es una institución pública la que, haciéndose valer de su posición y poder, procura por acción u omisión dicha selección completamente injusta”, critica. >r. martín