El primer decreto de la etapa Griñán dibuja un nuevo reparto de competencias entre consejerías, en la que destaca el nuevo papel de la de Empleo, que dirige Antonio Fernández. Este departamento asumirá las competencias en materia de políticas migratorias que hasta ahora dependían de la Consejería de Gobernación. También volverá a asumir las materias de fomento autoempleo y la Red de Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, que estaban en Innovación, Ciencia y Empresa. De esta consejería que dirige Martín Soler también se desgaja las materias sobre política informática que asume Economía y Hacienda.

La Consejería de Gobernación, al frente de la cual se halla Luis Pizarro, ocupará el tercer puesto en la relación de prevalencia, con un fuerte perfil político, centrado en las relaciones con los ayuntamientos y la Administración periférica. También suelta Consumo que pasa a la Consejería de Salud.

Como consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo presidirá la comisión delegada de Economía, un área que con Griñán como vicepresidente cobró un gran protagonismo – coordina nueve consejerías – y a la que, posiblemente, se una otra más: la Consejería de Educación, que pilota Mar Moreno.