Tras la sentencia que anula su realojo en Ponte Caldelas, exigen una vivienda definitiva en Poio

Las familias gitanas realojadas en Caritel, cuyos contratos de alquiler fueron anulados por sentencia judicial, ya no quieren seguir en Ponte Caldelas porque dicen sentirse hartos del acoso vecinal que vienen sufriendo desde hace 14 meses. Además, creen que han sido «engañados y estafados» por el Concello de Poio y por la Administración autonómica. Su intención es regresar a Poio y exigen una vivienda definitiva en algún lugar de este municipio, que no sea O Vao, de donde proceden, ni el poblado de transición cercano a ese asentamiento. De lo contrario iniciarán una huelga de hambre.

El líder de Pueblo Gitano, Sinaí Giménez, se desplazó ayer a Caritel para tomar las riendas de este conflicto con la anuencia de los afectados y enfrentándose al Secretariado Gitano, fundación encargada hasta ahora del seguimiento de la integración merced a un discutido convenio firmado con el Concello de Poio.

Giménez achacó la anulación judicial de los realojos de Caritel a los errores de las distintas Administraciones y del propio Secretariado Gitano. Y para resolver la problemática de estas familias puso una serie de condiciones, previamente consensuadas con ellas.

En primer lugar, piden al alcalde de Poio, Luciano Sobral, que no recurra la sentencia que anula los contratos de alquiler de las viviendas de Caritel «y que empiece a trabajar desde ya en la creación de una comisión donde estén todos los representantes del pueblo gitano para buscar a estas personas una solución en el término municipal de Poio que sea legal».

Sinaí Giménez insistió en que el realojo tiene que ser definitivo. «No estamos dispuestos a que estén otra vez bailando de un lado para otro como si fueran monos de feria». Recordó que en su día les derribaron sus chabolas del poblado de O Vao sin buscarles antes un sitio en el que poder vivir. «Estuvieron varios días a la intemperie, después los mandaron a un cámping y después a un hotel», recordó Jiménez.

No están dispuestos a pasar otra vez por esa pesadilla. Por ello, advierten de que si los sacan de Caritel sin antes realojarlos de forma definitiva en unas viviendas en el municipio de Poio, «empezaremos una huelga de hambre como medida de presión hasta que finalmente se respeten nuestros derechos como ciudadanos».