«Un refugiado no es un inmigrante». Con estas palabras, el secretario general de Cear (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Alfredo Abad, explicaba ayer por qué las competencias sobre asilo y refugio deben transferirse del Ministerio de Interior al de Justicia, para que no se confundan con el resto de movimientos migratorios y reciban un tratamiento distinto. Esta es una de las peticiones que Cear pretende incorporar a la nueva ley que se debate en el Congreso, «más restrictiva aún que la actual», y para lo que ayer iniciaron un encierro lúdico – informativo que se prolongará hasta hoy. Junto a esta solicitud está el que no se siga devaluando el papel del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que no se utilicen listas de «países seguros» y que se mantenga la posibilidad de poder solicitar asilo en las misiones diplomáticas españolas.

Abad reconoció que todas las fuerzas políticas se han mostrado receptivas a sus demandas, aunque teme que luego no se reflejen en la norma. Por este motivo, reclamó «un pacto de Estado para que España cumpla sus compromisos internacionales», como el respeto a la Convención de Ginebra y a las obligaciones adquiridas por nuestro país con los organismos de vigilancia de los derechos humanos.