El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, negó ayer deficiencias de funcionamiento en el sistema de detección de pateras en las costas canarias y achacó al mal tiempo el naufragio de la patera que volcó en febrero a 20 metros de la costa de Lanzarote y en el que murieron 25 personas, 16 de ellas menores.

Así lo señaló ayer en la Comisión de Interior del Senado, en la que defendió la adecuación del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) al ser preguntado por la senadora del PP Dolores Luzardo sobre las medidas previstas por el Gobierno para evitar esas tragedias.

Aseguró que las malas condiciones climatológicas no permiten hablar de “deficiencias” del sistema de detección de pateras y defendió la decisión de los operarios que descartaron que las señales del radar de aquel día procedieran de una embarcación, motivo por el que no se procedió a su rescate.

Explicó que el alto oleaje de este día dio “infinidad de ecos falsos” y consideró justificado que se desechara que las señales fueran de una patera, teniendo en cuenta el rumbo de la embarcación y su proximidad a tierra. Indicó además que la hora de llegada de la patera, en torno a las 17:00 horas, no era la habitual.

Camacho subrayó que se trata de un sistema en “permanente evolución” adaptándolo a los avances tecnológicos y, además, “si la experiencia pone de manifiesto deficiencias” éstas se van subsanando. “En situación adversa, la sensibilidad del radar disminuye, sin que ello suponga ningún tipo de fallo”. Por otro parte, en respuesta a las quejas de la senadora popular sobre la implicación del Gobierno en la lucha contra la inmigración ilegal, Camacho enfatizó que el Estado es el que atiende a los inmigrantes cuando llegan a las costas canarias, el que los lleva a los centros de internamiento y se preocupa de su repatriación.

Pide colaboración

Por otra parte, pidió colaboración a las comunidades autónomas para la puesta en marcha de centros de internamiento donde sean necesarios para alojar a los inmigrantes mientras se tramitan los expedientes de repatriación. Así, en respuesta al senador del PP José Atarés, defendió la ubicación de un nuevo centro en Zaragoza por su situación geográfica.

Explicó que en el marco de colaboración entre las administraciones públicas, el Ministerio ha realizado los trámites necesarios con el Gobierno de Aragón para solicitar la cesión de una parcela situada en la plataforma logística de Zaragoza.