Salen por un puerta y entran por otra. O a la inversa. Según las estimaciones de la Conselleria de Inmigración, la Comunidad Valenciana ha recibido durante los últimos cuatro años más de 4.200 inmigrantes irregulares desplazados por el propio Gobierno desde otras regiones de España. En 2006 fueron alrededor de 2.400, en 2007 más de 1.100 y en 2008 otros 715. En lo que llevamos de año, la cifra supera ya el centenar.

En su mayor parte, se trata de «sin papeles» llegados a Canarias, que el Gobierno traslada a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Península porque los del archipiélago están completamente saturados debido a la avalancha de «cayucos». Es el resultado de la política de «puertas abiertas» aplicada por el Ejecutivo de Zapatero en los últimos años.

«La apatía del Ejecutivo respecto a este drama es absoluta y se prolonga año tras año sin que se pongan soluciones firmes a ello. Esta situación no va a solventarse sola, se necesitan iniciativas en firme», ha denunciado públicamente el conseller de Inmigración, Rafael Blasco,quien ha exigido a la Administración central la financiación necesaria para que el Consell pueda seguir ofreciendo la atención y ayuda humanitaria a estos recién llegados.