El Acta de los Sueños, una legislación que busca regularizar la situación migratoria de estudiantes de secundaria indocumentados con promedios sobresalientes, volvió a la vida el jueves en el Congreso estadounidense.

En un movimiento simultáneo, los representantes Howard Berman, demócrata de California, y Lincoln Díaz-Balarta, republicano de Florida, introdujeron oficialmente el proyecto de ley ante la Cámara de Representantes. El mismo día, los senadores Dick Durbin, demócrata de Illinois y Richard Lugar, republicano de Indiana, introdujeron ante el Senado el mismo proyecto de ley.

En el sistema legislativo estadounidense, ambas cámaras deben aprobar el mismo proyecto de ley para someterlo al presidente y así convertirse en ley. Sin embargo, en la discusión los legisladores puede modificar los proyectos de ley y luego aprobar una versión unificada en una conferencia bicameral.

El proyecto de ley ha sido introducido y retirado por lo menos dos veces en los últimos ocho años, pero esta vez los congresistas, apoyados por la promesa que hizo la semana pasada el presidente Barack Obama de impulsar la reforma migratoria, esperan poder aprobarla.

En su redacción actual, la ley otorgaría una legalización temporal a los estudiantes indocumentados que se gradúen con promedios sobesalientes durante seis años para graduarse de la universidad o una escuela superior o enlistarse en el ejército.

Si el beneficiario se gradúa o se mantiene enlistado tras los seis años, recibiría la residencia permanente, allanando el camino para convertirse en ciudadano de EUA.
Beneficiarios

Para calificar, el estudiante tiene que haber llegado a EUA antes de cumplir 16 años, tener menos de 30 años y haber vivido en el país un mínimo de cinco años.

El senador Lugar señaló que “aproximadamente 50,000 estudiantes indocumentados se gradúan cada año de nuestras escuelas y para ellos es muy difícil encontrar un trabajo o enfrentar el costo o simplemente inscribirse en una universidad”.

En ese sentido, la ley permitiría a las universidades estatales otorgar colegiaturas con precios de residente estatal a estudiantes indocumentados. Las universidades conceden esos descuentos, en algunos casos de hasta 35% de la colegiatura a estudiantes que se han graduado de escuelas dentro del mismo estado, pero en la mayoría de casos ese beneficio es denegado a los indocumentados. Sin embargo, la cortes de estados como Virginia consideran esas leyes como inconstitucionales. En California, por ley estatal los estudiantes indocumentados califican para colegiaturas de residente, pero las ayudas financieras estatales y federales se reservan para residentes permanentes.

“Esta ley le dará a esos jóvenes un incentivo para avanzar en su vida y aspirar a una residencia permanente mientras completan su educación o se convierten en servidores públicos”, dijo Lugar.

La presidenta del Concilio Nacional de la Raza, Janet Murguía, aplaudió la reintroducción del proyecto. “Una de las mejores maneras en las que nuestra nación puede recuperarse de la crisis económica es a través de una fuerza laboral educada. Todos los estudiantes deben tener la oportunidad de inscribirse en una universidad si así lo desean”, dijo.

Según el Instituto para Políticas Migratorias (MPI en inglés), si la ley se aprueba este año, unos 360,000 graduados de secundaria de entre 18 y 24 años de edad se verían beneficiados. El MPI también señaló que actualmente hay cerca de 715,000 niños indocumentados entre 5 y 17 años inscritos actualmente en escuelas públicas estadounidenses. El MPI estima que hay casi 50,000 estudiantes indocumentados inscritos en universidades del país.

Por ley federal, todos los estadounidenses, independientemente de su estatus legal, tienen derecho a educación pública desde kindergarden hasta la secundaria.