donostia. No son días fáciles para la diputada foral de Política Social, obligada a dar cuentas de un sector en el que siempre prima la discreción. “Hacemos todo lo que podemos, pero necesitamos otras herramientas. Esto nos supera”, reconoce.

¿Están pagando billetes a menores para que se marchen?

No.

Hay chavales que así lo atestiguan.

No hemos pagado ningún billete a nadie. Lo que sí ha habido ha sido altas voluntarias, pero nosotros no hemos pagado ningún billete.

¿Esas altas voluntarias cómo hay que interpretarlas? ¿Se ha forzado a firmar actas?

No, de lo contrario habría denuncias. Lo que hacemos con todos los chavales que llegan es explicarles el itinerario que van a seguir en Gipuzkoa en nuestros recursos de tutela. A partir de ahí, al que le interesa se queda, y al que no, se marcha. Es cierto que ha habido, casualmente, una serie de altas voluntarias seguidas. Habría que preguntarse sobre los intereses que tenían al venir aquí.

¿Qué quiere decir?

Que hay chavales que vienen engañados, con unas expectativas que no se corresponden con la realidad. Aquí estamos constantemente cumpliendo con la legalidad vigente y, de hecho, por hacer las cosas bien está surgiendo un efecto llamada.

Atribuye la mayor afluencia a su buena gestión. ¿Por esa misma regla de tres no hay un interés ahora en hacer las cosas mal para que Gipuzkoa deje de ser un destino prioritario?

(Sonríe) Para nada. Lo dije en la comparecencia en las Juntas Generales y lo mantengo. El remedio a esta situación no es empezar a bajar la guardia sino contar con las herramientas suficientes. Los medios funcionan con el 90% de chavales, pero faltan más para el resto. Por eso queremos establecer cupos, y ofrecer así una atención dimensionada para funcionar con una mínima previsión, algo que hoy resulta imposible.

Después de la nefasta experiencia de Tolosa, ¿se ha ideado un sistema de trabajo ‘disuasorio’ para los menores más problemáticos?

Para nada. A cada uno se le trata según sus necesidades e itinerario. Quien quiere continuar su formación puede hacerlo, y así ocurre en un 90% de los casos. Pero con quien no quiere hacer nada, y además delinque reiteradamente, no queda más remedio que separarlo.

El Ararteko renuncia a hablar de chavales irrecuperables.

Acabamos de hablar con él, y hemos fijado una fecha de reunión. Nos ha pedido información sobre el centro de Deba, tras las denuncias presentadas por algunos chavales, y vamos a colaborar en lo que sea preciso.

¿Qué sensación le deja que haya menores vagando por las calles?

¿Qué sensación me va a dejar? Mala.

Son 18 arrestos en diez días.

Sí, muchos delitos los acumulan los mismos. Entran y salen de los centros. Claro que me deja mala sensación, porque la sociedad está viviendo una situación de alarma y a nadie le gusta sentirse responsable. Hacemos todo lo que podemos, pero necesitamos otras herramientas porque esto nos supera.

¿Comenzar a hablar de llegadas masivas no contribuye a ahondar aún más en la alarma social?

Nunca hemos hablado de llegadas masivas sino de efecto llamada. Una de las partidas que más ha crecido es la dirigida a los menores extranjeros no acompañados. Hemos dimensionado una red que creemos que es suficiente, pero no deja de venir gente, y que hay que incidir en este problema. ¿Hasta dónde puede Gipuzkoa ofrecer una buena integración a estos chavales? ¿Podemos con todo lo que llegue o establecemos límites? En el territorio hay 221 menores extranjeros, Bizkaia tiene el doble y Álava la mitad. La tasa de atención en la CAV sólo es superada por Canarias y Ceuta, y los demás territorios y el Estado algo tendrán que decir. O nos dan más herramientas o no hay nada que hacer.

El Gobierno central no ha dado respuesta a sus reclamaciones. ¿Qué escenario se plantea?

Estamos manteniendo reuniones bilaterales con los 16 ayuntamientos de Gipuzkoa donde hay recursos de acogida, con la Fiscalía y la Ertzaintza. No escondemos ninguna realidad y estamos tocando todas las puertas. La urgencia ahora está en ese 10% de chavales problemáticos, y por eso hemos pedido el reagrupamiento.

¿Quiere decir que no hay nada que hacer con ese 10% y busca cambiar la ley para mandarlos a casa?

No he dicho que no haya nada que hacer, pero para actuar adecuadamente necesitamos cupos y un cambio normativo.

¿Pero entonces para qué pide la fórmula del reagrupamiento si no es para devolverlos a sus países?

Pero no hablamos del 10%, sino de un porcentaje mucho más residual. Es una medida contemplada en la ley.

Al margen de que sea legal, ¿ensayar esa fórmula no evidencia un fracaso del modelo de atención?

¿Es un fracaso que el tratamiento con el 90% de chavales sea un éxito? Allá cada uno con sus valoraciones, no voy a ir más allá. Estamos hablando de un colectivo que está creando muchos problemas en la sociedad. Claro que es un fracaso que estén creando un problema en la sociedad, ¿pero de quién es el fracaso? Es un problema compartido, en parte nuestro, pero también de una normativa no adecuada.

Siendo el menor una de sus mayores preocupaciones, ¿por qué las empresas que operan en el sector están subcontratadas y no actúa directamente la Diputación?

Una responsabilidad pública se puede gestionar de muchas formas. El control de la Diputación es permanente. Las residencias también se gestionan mediante terceros. Son plazas que se financian con fondos públicos y se controlan desde esta casa día a día.

¿Qué valoración hace del servicio prestado tras la reestructuración?

Se ha hecho un concurso para adjudicar el servicio, y las condiciones laborales, de ratios y formación ha mejorado sustancialmente.

¿Con educadores mileuristas se puede dar respuesta a este fenómeno?

Sus sueldos son los marcados por el convenio vigente y las condiciones laborables han mejorado sustancialmente. Pretendemos dotar de mayor estabilidad al sector.

¿Por qué no existe ningún plan concreto para crear equipos educativos?

Es algo que ha cambiado mucho. En Deba, por ejemplo, hay educadores magrebíes que tienen una presencia importante, y las asociaciones se dedican a formar a sus educadores.