La Inspección de Trabajo de Lleida ha detectado desde hace unos meses un incremento de denuncias de empresarios, sobre todo del sector de la construcción, que acusan a otros colegas de su mismo ramo de estar contratando a inmigrantes sin permiso de trabajo en el país y a personas desempleadas que perciben el subsidio del paro. En ambos casos no hay tal contratación, sino trabajo sumergido.
El aumento de demandas “por este tipo de competencia desleal” es consecuencia directa de la crisis, admitió ayer el presidente de Confederació Empresarial de Lleida (Coell), Joan Simó.
“Quienes realizan estas prácticas irregulares están perjudicando gravemente a los que cumplen la normativa y pagan sus impuestos, porque sus costes son más bajos y pueden aplicar precios más baratos”, agregó Simó. “La contratación ilegal es muy difícil de detectar y muy difícil también de erradicar, aunque la practica ya solo una minoría”.
José Vicente Vicedo, jefe de la Inspección del Trabajo de Lleida, considera que “las empresas que contratan de manera irregular hacen la competencia a las denunciantes, reventando luego los precios”. Además de la construcción, también se han recibido denuncias de talleres mecánicos y de pequeñas empresas de pintura, según manifestó Vicedo a Europa Press. En su opinión, y pese a que el fenómeno se ha producido siempre entre competidores, en los últimos tiempos se ha incrementado notablemente.