“Estados Unidos debería estar escandalizada por la magnitud de las violaciones de los derechos humanos que ocurren dentro de sus fronteras”. Así de contundente se mostró Larry Cox, máximo responsable de Amnistía Internacional (AI) en este país, tras presentar ayer el informe Encerrados sin justicia, que arroja luz sobre los centros de detención de inmigrantes.

Los datos ilustran el mal funcionamiento de un sistema roto. En la actualidad, el promedio diario de inmigrantes a quienes se mantiene presos en EEUU es de más de 30.000. Un número que se ha triplicado en la última década debido en gran parte a que las autoridades recurren cada vez más a esta opción para hacer cumplir las leyes de inmigración, provocando el hacinamiento y el colapso de un sistema anticuado y desbordado.

Entre los detenidos hay inmigrantes ilegales, pero también aquellos que han logrado la residencia permanente, gente que busca asilo político y hasta supervivientes que escaparon con vida de redes de tráfico de personas.

La vasta mayoría “se consume” encerrado durante meses incluso años sin ser presentados ante un juez, lo que viola las leyes internacionales. La mayor parte, el 84 % de ellos, no tienen ni siquiera acceso a un abogado para defenderse o anular su detención en los tribunales. “Hay personas que se desesperan tanto que acceden a ser expulsadas aunque sus circunstancias no lo justifiquen”, señala el documento.
Sin cuidados médicos

La asistencia sanitaria brilla en muchos casos por su ausencia. Según el informe de AI, 74 personas han muerto en estos centros en los últimos cinco años. Más de la mitad del total se encuentra en cárceles ordinarias compartiendo espacio con criminales encerrados por delitos de sangre. Los centros de detención del servicio de inmigración no cumplen todas las reglas y estándares con los que fueron diseñados. Los detenidos sufren además abusos, pues según AI el sistema de rendición de cuentas y supervisión de estos centros es prácticamente inexistente, dando paso a la impunidad.

El organismo de derechos humanos critica este aspecto también por sus elevados costes, cifrando en 95 dólares diarios (2.850 dólares al mes) el gasto de mantener a un inmigrante detenido. Otras alternativas, como llevarlos ante un juez, reduciría esta cantidad a 12 dólares.

Para acabar con esta situación, Amnistía recomienda que el Congreso apruebe una ley que haga de la detención de inmigrantes y de aquellos que buscan asilo el último recurso. Que quienes sean detenidos tengan acceso a un representante legal y, dado el caso, puedan quedar en libertad tras pagar una fianza justa. “Según el derecho y las normas internacionales, la detención sólo debe utilizarse en circunstancias excepcionales, debe estar justificada en cada caso y ser objeto de revisión judicial”, advirtió AI.

“EEUU ha sido desde siempre un país de inmigrantes y, hayan estado aquí cinco años o cinco generaciones, sus derechos humanos deben respetarse”, concluyó Cox.