La progresiva llegada de menores extranjeros a Gipuzkoa ha causado un problema de profunda dimensión a la Diputación Foral de Gipuzkoa como institución competente a la hora de diseñar y poner en marcha una política de atención y acogida a estas personas. Esta nueva realidad social que afecta de manera significativa al conjunto de los países europeos, está adquiriendo en Gipuzkoa una creciente magnitud aunque en términos comparativos tampoco alcanza aún la proporción de otras zonas de Europa. Los servicios forales de atención a menores no están suficientes preparados para afrontar la cada vez más numerosa llegada de menores extranjeros a pesar del considerable esfuerzo que la institución foral ha protagonizado durante estos últimos años.
La llegada de menores extranjeros se ha incrementado en Gipuzkoa un 451% en los últimos cuatro años y esta progresión imparable cabe atribuirla en gran medida al denominado efecto llamada. El problema esencial radica en el hecho de que este crecimiento ha cristalizado también en un aumento de la conflictividad, que afecta aproximadamente a un 10% de los jóvenes acogidos, pero con una persistente escalada delictiva que está desencadenado un preocupante incremento de la alarma social dentro del territorio guipuzcoano. Esta inquietud social contrasta al mismo tiempo con la realidad acreditada de que el 90% de los menores inmigrantes que habitan en Gipuzkoa responde adecuadamente a los programas de acogida e inserción. Los graves problemas de conflictividad que se han producido sobre todo a lo largo de las últimas semanas necesitan ser atajados con una coordinación de esfuerzos entre todas las instituciones concernidas. No sólo con el fin de evitar la cronificación de un delicado problema social, sino porque el buen comportamiento de la inmensa mayoría de los inmigrantes acogidos en Gipuzkoa exige también el control y aislamiento del foco minoritario que no se sujeta a unas mínimas normas de comportamiento civilizado.
La sociedad guipuzcoana se enfrenta al deber moral y la responsabilidad colectiva de prestar atención a menores inmigrantes que se encuentran solos, sin amparo familiar y sin la posibilidad de integrarse socialmente mediante el desempeño de una actividad profesional. Sin embargo, resulta indispensable que este compromiso colectivo se equilibre también con una máxima exigencia a los menores acogidos de respeto a un código de conducta alejado de cualquier tentación delictiva.