El grupo Aralar asegura que el programa de atención a menores implantado por el Ejecutivo foral “ha fracasado”

donostia. “La realidad está en la calle. Somos responsables de ello, pero solos no podemos dar una solución”. Hasta en tres ocasiones, la diputada foral de Política Social, Maite Etxaniz, entonó el mea culpa y admitió su incapacidad para dar solución “sin más herramientas” a la atención adecuada que requieren los menores extranjeros que recalan en Gipuzkoa.

La preocupación desatada en las últimas semanas tras el reguero de episodios delictivos protagonizados en el territorio motivó su declaración de urgencia en las Juntas Generales en un encuentro que despertó inusitada expectación. “Es cierto”, confesó en el arranque de su intervención. A pesar de los esfuerzos desplegados, “no todo está resultando como nos gustaría”.

Lejos del discurso templado y medido con el que habitualmente se aborda el fenómeno, la diputada señaló con el dedo uno de los principales problemas que, a su entender, lo complica todo. Aseguró que existe un “efecto llamada” que lastra en buena medida los esfuerzos desplegados por el departamento. La “llegada es imparable”, lo que ha acabado por convertir al territorio en uno de los principales destinos para los menores extranjeros no acompañados que proceden del otro lado del Estrecho, sólo por detrás de Canarias y Ceuta.

La evolución en el número de entradas parece haber desbordado la capacidad de Gipuzkoa. En 2007 hubo 156 atenciones, mientras que esta cifra creció el año pasado hasta los 225. Los recursos son los que son, y el efecto acumulativo de ir respondiendo a nuevos chavales que se suman a los que ya estaban acogidos ha provocado que el año pasado se cerrara curso con 371 menores atendidos. El incremento en tan sólo cuatro años es del 451%, y existe cierta sensación de que el vaso se desborda. De hecho, la saturación de los recursos de primera acogida no ha podido ser resuelta con la apertura de nuevos centros durante el año pasado.

punto de partida El punto de partida del departamento no es precisamente un camino de rosas. Etxaniz volvió a insistir en que todo esfuerzo “puede resultar baldío” si no se producen cambios a corto plazo. “La completa eficacia en el sistema de protección precisa de medidas concretas”, recalcó. Y lo hizo en la misma dirección que vienen planteando los tres territorios vascos en la Comisión Interistitucional Estatal de Directores de Infancia.

La solución, dicen, conlleva el cambio de legislación vigente, que se adapte a “la continua y masiva llegada de menores”. Otras de las demandas “acuciantes” pasa por el establecimiento de cupos por territorios en todo el Estado, así como la ejecución de la medida de reagrupamiento familiar en sus países de origen para todos los casos que sean considerados “irrecuparables”. La diputada aseguró que “por el momento”, no hay respuesta de la Administración central a estas tres peticiones, que el departamento entiende vitales para ofrecer una atención adecuada al reto que se avecina, y el que ya está encima.

A la espera de que el Gobierno mueva ficha, la Diputación se ha visto obligada a hacer un esfuerzo para readaptar los recursos a la nueva realidad a la que dar respuesta. Es en este punto donde, tras el cierre del polémico centro de Tolosa, nace la controversia en Deba, donde se lleva a cabo un programa especializado con 22 menores que presentan importantes problemas de conducta.

Este mismo centro es el que ha suscitado más controversia en los últimas semanas, después de que dos grupos de moradores denunciaran “abandono y malos tratos”, algo que la diputada desmintió, y que deberán aclarar los tribunales.

Un caso de delación al que siguió varios episodios delictivos y arrestados que hicieron saltar a la palestra la semana pasada a los alcaldes de Donostia, Odón Elorza, y Azkoitia, Asier Aranbarri, solicitando una mesa interistitucional que “zanje de raíz” el problema.

Etxaniz les tendió ayer la mano, y compartió con ellos la necesidad de utilizar nuevas estrategias. “Son centros abiertos, y los menores se volverán a escapar tantas veces como quieran mientras no existan otras herramientas”, admitió, apostando por la “contención” con el colectivo de menores más problemático. Si bien es cierto que apenas representan el 10% del total, “acaban imponiendo un funcionamiento transgresor en los centros, haciendo imposible la convivencia dentro de ellos y en su entorno”, reconoció.

acogida planificada A pesar de “las buenas intenciones”, la portavoz de Aralar Rebeka Ubera se mostró crítica con el trabajo desplegado y llegó a señalar que “el modelo ha fracasado”. Expuso como ejemplo la falta de programas educativos en la atención a los menores más conflictivos, una crítica a la que se sumó Arantza González (EB) y que encontró respuesta inmediata de la diputada resumida en una frase: “antes de ir a la escuela es preciso que conozcan el respeto”.

Susana García Chueca (PSE – EE) sostuvo que “si hay chavales que no tienen voluntad, igual su sitio no está aquí”. Más duro fue el tono de la portavoz del Partido Popular, Mariasun Guerra, quien dijo – en referencia al colectivo más conflictivo – que “si ellos no quieren a Gipuzkoa, nosotros tampoco les queremos a ellos”.

En un comunicado, SOS Racismo criticó que la única realidad es que el fracaso de la política de acogida es el que ha provocado la actual situación. Denunció que la Diputación no dispone de ningún plan dirigido a educadores.