DV. La llegada de menores extranjeros a Gipuzkoa se ha incrementado en un 451% en tan solo cuatro años. Euskadi se ha convertido, junto a Ceuta y Canarias, en el destino preferido para este colectivo. La Diputación atribuye al efecto llamada la llegada «imparable» de estos adolescentes. La atención que reciben aquí, mejor que la que encuentran en otras autonomías, les incita a venir y, además, a llamar a amigos o a familiares para que hagan lo mismo.

El problema estriba en que el 10% de los menores que recalan en Gipuzkoa (225 el año pasado), son conflictivos. A este reducido número pertenecen los trece detenidos en los últimos días por robos y agresiones en San Sebastián, Irun, Azkoitia y Usurbil.

Esta escalada delictiva, el malestar ciudadano y las críticas de SOS Racismo hacia la Diputación provocaron que ayer compareciera la diputada de Política Social en las Juntas Generales. Maite Etxaniz acudió a petición propia.

La diputada no minimizó los problemas que causan los menores extranjeros, pero quiso dejar claro que son atribuibles a unos pocos. «El 82,2% están escolarizados. El resto, o se encuentran a la espera de ser asignados a un recurso o están en un centro especial destinado a los que cometen faltas muy graves», en referencia a Deba. La diputada indicó que los problemas son achacables a un 10% de los menores atendidos.

La diputada foral explicó que el esfuerzo realizado en la apertura de pisos y centros para atender a estos chavales no ha sido suficiente, debido al «incremento imparable en el número de entradas».

Lugar de destino

Etxaniz explicó que «existe un efecto llamada consecuencia del cumplimiento de los principios legales de protección. Cada vez se hacen más evidentes las diferencias de actuación y aplicación de la normativa entre las diferentes comunidades autónomas».

Esta situación, indicó la responsable foral, «ha llevado a identificar al País Vasco y a Gipuzkoa como lugar de destino para este colectivo. La consecuencia ha sido que, a mayor cumplimiento de la ley, mayor llegada de menores».

La evolución resulta significativa. En 2007 hubo 156 entradas, frente a 225 el año pasado. Como es lógico, se produce un efecto acumulativo de ir atendiendo cada año a los recién llegados más los que permanecen en recursos de protección desde años anteriores. Así, frente a los 248 de 2007 se ha pasado en 2008 hasta los 371.

La diputada indicó que la única manera de ejercer la protección de una forma correcta «consiste en establecer cupos por territorios en todo el Estado».

Además del aumento en las llegadas, con el efecto de la saturación de los recursos, la Diputación tiene que bregar con otro problema mayúsculo: la presencia de adolescentes con graves problemas de conducta y refractarios a la intervención educativa.

Estos chavales, indicó Etxaniz, han acabado imponiendo un funcionamiento «transgresor en muchos centros, haciendo imposible la convivencia dentro de ellos y en el entorno: comunidad de vecinos, barrio, localidad…». La diputada añadió que este pequeño grupo «ha arrastrado a otros menores a ser transgresores, ha desestabilizado equipos educativos y ha provocado rechazo entre vecinos».

Agresividad y desafío

El departamento, con el fin de resolver esta situación, abrió en febrero un centro específico para el tratamiento de estos chavales especialmente conflictivos. Se encuentra en Deba, en un entorno rural aislado.

Los menores acogidos presentan una problemática de comportamiento grave, con dificultades para la convivencia en grupo, agresividad, desafío permanente, delincuencia o fugas constantes. En concreto, los 22 menores residentes acumulan 286 causas judiciales abiertas.

El objetivo del centro, indicó la diputada, es «servir de contención a estos menores, haciéndoles ver lo inadecuado de sus actitudes, poniéndoles límites y planteando un itinerario educativo».

La diputada subrayó que todo el esfuerzo que se está realizando puede resultar baldío «si no contamos con los recursos legales y normativos correspondientes. Somos firmes defensores de los derechos de los menores, pero también exigimos que éstos entiendan y cumplan sus deberes». Etxaniz indicó que para conseguir esto último «necesitamos un cambio normativo que desgraciadamente no podemos emprender al carecer de competencias».

La responsable foral concluyó que la actuación está siendo «positiva y eficaz, incluso para la atención de los menores extranjeros con más problemas de inserción». Etxaniz, no obstante, añadió que «no todo está saliendo como nos gustaría. Para conseguir la completa eficacia necesitamos medidas concretas, tal y como de manera reiterada se ha planteado desde los tres territorios históricos en la Comisión Interinstitucional de directores de Infancia».

Entre estas medidas, resulta imprescindible el cambio de la legislación. «El contexto ha cambiado con la llegada masiva y continua. Si existe este cambio, lo lógico es pensar en la adecuación de la norma a la situación», argumenta la diputada. Esta modificación debería permitir que la institución foral pudiera establecer medidas coercitivas eficaces en los centros de acogida. Ahora, por ejemplo, la reclusión de un menor es potestad exclusiva de los jueces.

Otra medida planteada es el reagrupamiento familiar en sus países de origen «para todos aquellos que hayan agotado las posibilidades ofrecidas, tanto educativas como de inserción». Esta medida es una competencia estatal.

La tercera propuesta se centra en el señalado establecimiento de cupos de reparto de los menores entre todas las comunidades.

82,2%

escolarizados

iniciación profesional

retraso educativo

apoyo

castellano

8,4% trabaja

amistad

actividades lúdicas

incidente

inserción social

225 de 2008

451%