Las Juntas piden competencias para controlar a los menores

PNV, EA, PP y PSE reclamaron cambios legales que den más atribuciones a la DiputaciónEB y Aralar criticaron la labor desarrollada por la institución foral

Diario Vasco, FERNANDO SEGURA, 26-03-2009

DV. El departamento de Política Social recibió ayer un amplio respaldo en las Juntas Generales. Los portavoces de PNV, EA, PSE y PP apoyaron la labor realizada por la Diputación en la atención a menores extranjeros y coincidieron en reclamar más competencias para la institución foral. En el extremo opuesto, EB y Aralar cuestionaron el trabajo de la Diputación. Estos dos grupos pidieron la comparecencia de la diputada en las Juntas para que explicara los hechos acaecidos en el centro de Deba, en referencia a la denuncia por malos tratos presentada por varios menores.

Rebeka Ubera abrió el debate con una crítica sin paliativos hacia la Diputación. «El modelo ha fracasado y hay que cambiarlo. Es necesario disponer de un equipo sólido de educadores, algo que no se puede lograr con mileuristas. Sólo vemos los conflictos provocados por los menores, pero hay que buscar el origen, como los cambios de los menores de un centro a otro, sin recibir la formación adecuada».

La portavoz de EB, Arantza González, incidió en que falta un proyecto educativo y criticó que los menores carecen de tutores de referencia, dada la temporalidad que se da en el colectivo. González se cuestionó para qué solicita la Diputación el reagrupamiento familiar de los adolescentes. «¿Acaso quiere enviarlos a sus lugares de origen, para que sigan padeciendo la exclusión y la pobreza?».

María Asunción Guerra, portavoz del PP, respondió a la portavoz de EB señalando que es cierto que estos chavales «huyen de una realidad espantosa, pero precisamente por eso deben aprovechar las oportunidades que se les ofrecen aquí. Si un 10% no quiere a Gipuzkoa, tampoco Gipuzkoa los quiere a ellos».

«Vienen aleccionados»

Guerra añadió que los menores llegan «aleccionados, saben que su repatriación es casi imposible. Me gustaría que aquellos que les enseñan sus derechos, también les aleccionen para que respeten las normas de convivencia de esta sociedad». La portavoz popular pidió que se modifique la Ley del Menor, dada su permisividad.

Luis Ormaetxea, representante de EA, resaltó que la Diputación se enfrenta a la llegada constante de menores y al hecho de que un 10% resultan conflictivos. «En Gipuzkoa se les da la oportunidad de integrarse, conjugando los derechos y las obligaciones».

La portavoz del PNV, Maite Peña, indicó que si el resto de comunidades autónomas no cumple la ley, «el efecto llamada puede llegar a colapsar el sistema de atención de Gipuzkoa. Nosotros apoyamos la labor que realiza la Diputación, dificultada por la escasez de mecanismos para afrontar este problema».

Susana García Chueca, representante del PSE, hizo referencia a los supuestos malos tratos en el centro de Deba. «Si los hubo, el tema es grave, pero si nos los hubo, espero que haya gente que pida disculpas», en referencia a SOS Racismo, la entidad que acompañó a los menores a poner la denuncia ante la Fiscalía.

García Chueca añadió que «hay gente a la que se le llena la boca hablando de derechos, lo cual está muy bien, pero se olvidan de que hay obligaciones. Estas incluyen a estos chavales. No por llegar de países donde se sufre mucho están exentos del cumplimiento de las normas».

Sistema de cupos

Los portavoces de PNV, EA, PP y PSE apoyaron a la Diputación en su petición de modificar la legislación estatal para disponer de más competencias. En opinión de los cuatro grupos, esta medida resulta imprescindible para lograr una tutela eficaz, especialmente en el caso de los chavales conflictivos.

PNV, EA y PP también mostraron su conformidad con exigir al Gobierno central un sistema de cupos que permita repartir de forma equitativa a los menores entre todas las comunidades autónomas, con el fin de evitar el efecto llamada hacia Gipuzkoa.

El apoyo también fue mayoritario a la hora de reclamar que el Estado ejerza sus competencias para reagrupar con sus familias en sus países de origen a los menores que no quieren participar en los proyectos educativos que se les ofrece en Gipuzkoa. En este sentido, la reflexión de Susana García Chueca fue meridiana: «Que les quede claro que si no les interesa convivir con nosotros, igual tienen que ir pensando que su proyecto de vida lo deben desarrollar en otro lugar».

Texto en la fuente original
(Puede haber caducado)