Demasiados problemas se solapan a la hora de abordar la cuestión de los menores extranjeros no acompañados. En Euskadi, los entes forales reconocen estar desbordados ante la constante llegada de estos jóvenes inmigrantes y reclaman al Gobierno central que ponga orden y empuje a las demás comunidades a crear recursos para acogerles, alegando que es imposible establecer un proyecto viable sin acotar el número de casos a atender. El Ejecutivo responde por ahora que las competencias no son suyas, aunque colabora en el caso más crítico, Canarias. Aun así, ninguno de los educadores de centros vascos de acogida con los que ha contactado este periódico en los últimos meses tiene una buena opinión de las políticas desarrolladas por los servicios forales de los tres territorios. Todos coinciden: “No hay un verdadero proyecto educativo”.

Hay dos perfiles distintos entre los menores que llegan a la península: jóvenes que escapan de la dureza de las calles de Marruecos – sobre todo de Tánger – y que ya no tienen casi vínculos con su familia; y los provenientes de familias con dificultades económicas que asumen a esa temprana edad el papel de sacar a los suyos adelante emigrando a Europa. Aumentan entre ellos los problemas de equilibrio emocional, salud mental y consumo de drogas. Muchos de los que están enganchados al disolvente, caldo de cultivo perfecto para la comisión de delitos, no reciben ningún tipo de tratamiento. Aunque más del 80% sigue llegando de Marruecos, en los últimos años han aumentado los que proceden de países del África subsahariana.

Los educadores consultados dicen ejercer más de administrativos y vigilantes que de educadores. Critican el enfoque casi humanitario que se ofrece, así como la falta un proceso claro de atención, con plazos establecidos y comprensibles para los menores, que a menudo saltan de centro en centro sin que nadie les explique nada. Los centros de acogida suelen intentar ponerles reglas y horarios, pero dicen carecer de las herramientas para que los cumplan. Guipúzcoa señaló también que se siente atada de manos por la legislación ante los casos más conflictivos: son los jueces los que decretan si un menor debe ir a un centro cerrado, donde la reeducación tiene un procedimiento claro, establecido y alejado de la improvisación.

“Los chavales tienen unos problemas emocionales enormes y ningún tipo de apoyo sentimental. Les damos comida, techo y poco más”, explica un educador marroquí que trabaja en uno de los pisos de acogida guipuzcoano: “Diputación no quiere mezclarlos con los autóctonos. Llevamos tiempo pidiéndoselo. Estos chavales son como son, lo último que necesitan es que les juntemos en guetos. Y con que haya uno muy conflictivo en el grupo, arrastra a todos los demás”. Guipúzcoa ha detectado un fuerte incremento en la proporción de los menores que incurren en delitos. De los más de 200 tutelados en septiembre pasado, se cifraba en un 10% la proporción de conflictivos, de los cuales un 3% eran considerados “casos perdidos”. A finales de enero, fuentes forales cuantificaban en alrededor del 20% la proporción de casos difíciles. Una parte destacable de los delitos cometidos por menores magrebíes en la provincia es atribuible a jóvenes que residen en el sur de Francia.

Ayer, técnicos de la Diputación de Guipúzcoa aseguraron en una reunión con la Fiscalía que la actuación del personal del centro de Deba, donde los menores han denunciado malos tratos ante la justicia, se ajusta a la legalidad vigente, informa Efe. Las denuncias de los educadores tras ser agredidos por los menores son recurrentes, pero nadie supervisa cuándo se dan las “medidas de contención” que la ley permite o si se puede hablar de malos tratos. En los centros sólo están los jóvenes y los trabajadores del centro. La falta de personal adecuado y una sensación de desbordamiento constante repercute en la calidad del servicio realizado por las empresas a las que los entes forales subcontratan la atención. Su profesionalidad varía demasiado para hablar de un modelo homogéneo.

En Vizcaya, Aniceto Prieto (LAB), presidente del comité de empresa de la Diputación, lleva meses afirmando que la estrategia del ente foral consiste en intentar acabar con el efecto llamada privando a los chavales en algunos centros del acceso a recursos que les corresponden por ley, como los cursos de formación profesional. Guipúzcoa, según afirma SOS Racismo y varios educadores consultados, está siguiendo una línea similar con la creación de centros “disuasivos” como el de Deba. En paralelo, los menores saltan de una comunidad autónoma a otra sin que se haya determinado si esta movilidad es fomentada desde las instituciones o si son iniciativas puntuales de educadores que les pagan el billete. En todo caso, es una práctica habitual que vayan de un sitio a otro sitio a empezar de cero una y otra vez. Y nadie, Diputaciones incluidas, hace nada para impedirlo.