A. BAQUERO / BARCELONA
M. VILASERÓ / MADRID

Antes perder el dinero que perder el permiso de residencia. Esta es la conclusión que los agentes sociales y los abogados expertos en extranjería extraen al analizar la paradoja que actualmente se da en España: pese a que ya se cuentan por decenas de miles los inmigrantes que están regresando a sus países, la cifra de los que se acogen al plan de retorno voluntario puesto en marcha por el Gobierno sigue siendo muy baja, 3.926. Conclusión: la inmensa mayoría de retornos se producen al margen de esa iniciativa gubernamental.
La clave está en que el plan del Gobierno establece que, para que los extranjeros no comunitarios en paro cobren el desempleo de forma anticipada, se deben comprometer a no regresar a España en tres años. En la práctica, se les pide que renuncien a su permiso de residencia. Y no están dispuestos a ello. “A los inmigrantes les ha costado tanto esfuerzo conseguir ese permiso que no van a renunciar a él así como así”, explica Ghassán Saliba, secretario de inmigración de CCOO en Catalunya. Al marcharse así, por su cuenta y sin notificárselo a nadie, los inmigrantes mantienen su documentación y se reservan la posibilidad de regresar a España si las cosas mejoran.

VOZ DE REFERENCIA
“Muchos prefieren renunciar a los miles de euros que obtendrían al capitalizar el paro antes que renunciar a sus papeles”, cuenta Yracelis Rodríguez, una abogada especializada en extranjería extraordinariamente prestigiosa entre el colectivo inmigrante. Durante años, ha sido la abogada del pueblo, pues así se llamaba el programa en Canal Latino TV en que atendía las consultas de los inmigrantes. Pocas personas como esta letrada, que recibe decenas de e-mails cada día, conocen tan bien el sentir del colectivo.
Otra de las causas de que el plan esté funcionando a medio gas es que no todos los países tienen convenio de Seguridad Social firmado con España. Este es el caso de Bolivia, cuyos nacionales, que casualmente forman uno de los colectivos que más regresan, no tienen derecho a capitalizar el subsidio de desempleo.
Además, el hecho de que buena parte de las personas que vuelven a sus países sean inmigrantes en situación irregular hace que, por haber trabajado siempre en la economía sumergida en España, tampoco puedan disfrutar del paro.

RITMO PREVISIBLE
Fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración señalan que, hasta ahora, y cuando ya se cumplen cuatro meses de su puesta en práctica, 3.926 inmigrantes se han acogido al plan de retorno voluntario. De ellos, 399 residían en la provincia de Barcelona; 74, en Lleida; 70, en Girona, y 62, en Tarragona. El colectivo que más se ha beneficiado de esta iniciativa son los inmigrantes ecuatorianos (1.688 personas), seguidos de los colombianos (713) y los argentinos (393).
Esos casi 4.000 retornos patrocinados en cuatro meses suponen una cifra muy pequeña si se la compara con los 23.000 bolivianos y colombianos que han abandonado España. No obstante, esas fuentes del ministerio señalan que la cifra concuerda con sus previsiones, que apuntaban a entre 10.000 y 15.000 regresos el primer año. “Este plan es una herramienta útil; también para cuando acabe la crisis”, añaden.