Un inspector jefe, un subinspector y dos agentes de la Policía Nacional, y un guardia civil serán enjuiciados en el caso de la presunta trama de corrupción policial de Ronda. A todos ellos se les acusa de hacer la vista gorda con tres locales de alterne de la localidad en los que trabajaban mujeres extranjeras en situación irregular a cambio de recibir favores sexuales y, en algunas ocasiones, dinero. En el caso están procesadas otras cinco personas, entre las que figuran los regentes de los prostíbulos y un particular que mantuvo supuestamente una relación con una jueza de la localidad, por lo que en total son nueve los imputados. El instructor del caso, José Óscar Rodán, en su auto de procesamiento, atribuye a los acusados delitos de cohecho con finalidad delictiva, omisión del deber de perseguir delitos, abusos sexuales en el ejercicio de la función pública, revelación de secretos, tráfico de influencias y favorecimiento de la prostitución. El fiscal formulará en breve acusación formal contra los nueve procesados.

Testigos protegidos

La intervención que destapó la presunta trama de corrupción policial se produjo en enero de 2007. La operación se centró en la Comisaría de Ronda y en tres locales de alterne de la localidad tras una investigación de la Unidad Asuntos Internos y la declaración de varios testigos protegidos. Las pesquisas llevaron hasta el inspector jefe, el subinspector y responsable de la Unidad de Extranjería y otros dos agentes adscritos a la comisaría rondeña.

Según el auto del juez, el inspector jefe, como máximo responsable de la comisaría desde 2005, pese a conocer presuntamente la explotación de la prostitución que se daba en los locales, no los persiguió, es más, reclamó y consiguió favores sexuales de las prostitutas a cambio de ofrecer ayuda ante problemas que pudieran surgirles. El juez le acusa también de abusar sexualmente en las dependencias policiales de extranjeras que estaban pendientes de su regularización. Por ello, le imputa cohecho, omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos y abusos sexuales.

El subinspector jefe, que además era el responsable de la Unidad de Extranjería, está procesado también por los mismos delitos que el inspector. Este policía, según el auto, avisó al dueño de uno de los locales de las redadas en materia de extranjería. Igualmente, está procesado por realizar supuestos tocamientos a inmigrantes irregulares en la comisaría.

Los otros dos agentes de la Policía han sido acusados de cobrar cada uno «durante años», según el juez, entre 150 y 500 euros semanales y de recibir favores sexuales en los prostíbulos a cambio de no cumplir con sus funciones. Según el auto, llegaron a recibir hasta 1.200 euros en una sola entrega y pidieron al encargado de uno de los locales que les preparase fiestas privadas con la mujeres. Ambos están acusados también de falsificar un documento de empadronamiento para una mujer marroquí a cambio de 600 euros. De igual forma, el guardia civil imputado por cohecho y por no cumplir su deber de perseguir delitos, según en juez, solicitó y obtuvo dinero y sexo.

Además, el instructor procesa por un delito de tráfico de influencias a un particular, unido sentimentalmente entonces a una juez de la localidad, que ofreció sus relaciones con la autoridad judicial para resolver problemas jurídicos, a cambio también de sexo.