X. MORET

VALENCIA. El Gobierno central ha dado marcha atrás en su decisión de recortar en un 30% la dotación del Fondo para la Integración y ha anunciado que, a pesar de la crisis, se mantendrán las ayudas para la atención de inmigrantes. A pesar de que la Comunidad Valenciana y la de Madrid, entre otras, pidieron en repetidas ocasiones al departamento encabezado por Celestino Corbacho que no aplicara el «tijeretazo», finalmente han sido las presiones ejercidas por el tripartito catalán las que han hecho que el ministro recule.

El pasado jueves 19, la consellera de Acció Social i Ciutadania del Ejecutivo catalán, Carme Capdevila (ERC), instó a los ayuntamientos a unirse y trabajar conjuntamente con la Generalitat de Cataluña contra la decisión del Gobierno central. Sólo dos días más tarde, durante un acto en Tarragona, Corbacho anunció que el Gobierno incrementará la dotación del fondo estatal de acogida e integración de inmigrantes, tras haber anunciado un recorte de un 30%, alrededor de 59 millones de euros.

Blasco aplaude la decisión

El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, valoró positivamente la rectificación de Corbacho, aunque lamentó que ésta se hubiera hecho pública «en un foro partidista» en lugar de en el marco de la Conferencia Sectorial de Inmigración. En este sentido, el conseller lamentó la «absoluta falta de criterios» del Gobierno socialista en política de extranjería, «regida por bandazos y palos de ciego».

«El fenómeno migratorio necesita rigor y no un Gobierno como el de José Luis Rodríguez Zapatero que se deja presionar por el tripartito catalán y que actúa de forma unilateral sin tener en cuenta a las demás regiones», recalcó Blasco, quien recordó que en apenas un mes el Gobierno ha pasado de anunciar que destinaría 200 millones al fondo, luego la disminución a 141 y finalmente ha rectificado para regresar al punto inicial.

Blasco exigió además que se lleve a cabo un reparto «justo» de las ayudas y que se haga teniendo en cuenta el actual mapa demográfico de la Comunidad. Con el reparto que el Ministerio de Trabajo había planteado, la Comunidad era la cuarta con menos inversión estatal por inmigrante (15.960.699) pese a ser la tercera región española con mayor cantidad de población extranjera (847.339 personas). Recibiría 18 euros de media por inmigrante frente a los 31 de Aragón o los 39 de Extremadura.