La juez también dicta prisión con fianza para el actual inspector Barcelona

La titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, Elisabeth Castelló, decretó ayer prisión incondicional para el ex jefe de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de la Policía Nacional, Andrés O., por su presunta vinculación con el caso de los prostíbulos de Castelldefels.

La juez notificó la decisión en el último momento, cuando ya expiraba el plazo máximo de detención de Andrés O., que fue arrestado el lunes por los Mossos d’Esquadra por haber aceptado, presuntamente, sobornos por parte de los dueños de los locales de alterne Riviera y Saratoga a cambio de ser informados con anticipación de las redadas policiales que iban a producirse en sus establecimientos.

Junto a Andrés O., que unos años atrás abandonó el servicio activo del cuerpo policial y había pasado a ejercer en su segunda actividad como jefe de seguridad privada de la firma Festina – Lotus, la juez ha decretado prisión bajo fianza de 2.500 euros – el fiscal pedía 5.000 – para el actual responsable de la Ucrif, Abundio N., que tiene tres días para abonar esta cantidad. Andrés O.está acusado de los delitos de cohecho, favorecimiento de la prostitución y contra los derechos de los trabajadores. Abundio N., por su parte, lo está de prevaricación y falsedad documental.

En el caso de Abundio N., la juez avala la decisión de prisión con fianza dado el riesgo que considera que existe de que vuelva a delinquir, según explicaron fuentes policiales, ya que de estar en libertad podría reiterar su conducta y destruir pruebas fundamentales para la causa, que sigue bajo secreto de sumario. En este caso también hay otros dos imputados. Uno de ellos, Ignacio L., ex subinspector de este cuerpo que trabaja en la misma empresa de seguridad que Andrés O., salió en libertad con cargos; lo mismo que José Manuel M., agente en activo en Alicante.

Entre los años 2002 y 2007, los cuatro imputados coincidieron en la Ucrif, donde supuestamente recibieron esos sobornos en forma de importantes sumas de dinero, joyas o dinero a cambio de los chivatazos. La investigación sobre estos dos macroburdeles – el Riviera es uno de los mayores de Europa – , comenzó en el verano de 2007, pero no fue hasta hace dos semanas cuando la juez instructora decretó su cierre cautelar, por un plazo inicial de seis meses. Las pesquisas policiales revelaron que en estos clubes podrían cometerse los delitos de prostitución ilegal, tráfico ilegal de inmigrantes y contra los derechos de los trabajadores.

Ambos establecimientos han sido objeto, además, de varias redadas durante los últimos años. En el marco de esta operación está en prisión uno de los dos propietarios del Riviera, Antonio H.L., mientras su socio José V. está en libertad. Sobre ambos pesa soborno, proxenetismo, un delito contra los derechos de los trabajadores y otro relacionado con la inmigración ilegal. Respecto al Saratoga, está en prisión su director, Carmelo S., y uno de los propietarios, Raúl P.S.