Las ONG dicen que la norma que tramita el Congreso es más restrictiva que la de 1984 Madrid

El derecho de asilo en España está en vías de extinción. Tanto, que no hay un sólo colectivo social que no haya alertado de que la ley que ayer comenzó a tramitarse en el Congreso es mucho más restrictiva que la anterior. Y ya es decir porque, con la normativa de 1984 – que ahora se reforma para adaptarla a tres directivas europeas – , sólo se ha concedido asilo al 5% de las personas que lo pidieron el año pasado.

Hasta la ONU ha tirado de las orejas al Gobierno por el proyecto de ley que aprobó en Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre.Maricela Daniel, la representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), dijo ayer en la Cámara Baja que varios artículos son «preocupantes» y «mejorables» y «se encuentran por debajo de los estándares mínimos» dispuestos en la UE.

Daniel tuvo que recordar a los legisladores españoles que, a la hora de trasponer las directivas europeas, no hace falta que nuestro país sea más severo que la ya de por sí endurecida política de asilo comunitaria.

Y fue firme cuando expresó que el texto, tal y como está redactado ahora, «requiere de modificaciones relevantes para considerarse que tiene un nivel adecuado de garantías». Por que, hoy por hoy, «no es acorde con los derechos internacionales».

«Nos preocupa que el proyecto de ley amplíe disposiciones más allá de lo permitido por el derecho internacional e incluso de las directivas europeas», expresó ante los representantes de los grupos parlamentarios.

También intervinieron portavoces de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), Amnistía Internacional, la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (Accem), Médicos del Mundo, la Fundación Acsar y la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine). Todos ellos enumeraron una larga lista de «limitaciones» y «restricciones». Entre otras, la que prohíbe a los ciudadanos comunitarios pedir asilo en España; la que suprime la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas y consulados españoles; la que debilita la asistencia letrada, o la que rebaja los derechos a los menores y las maltratadas. También hubo críticas contra un procedimiento que ya de por sí era enrevesado y que ahora se presenta inalcanzable.

Los argumentos de Acnur y de las ONG parecieron convencer a los diputados de todos los grupos, que – PSOE incluido – confiaron en que al final del trámite parlamentario «se eleven los niveles de protección de la actual ley». Rosa Díez (UPyD) sin duda hablaba en nombre de todos al admitir: «Algo habremos hecho mal. Pero estamos a tiempo de mejorar».

Un proceso en vías de extinción

>En 2008 cayó un 41% el número de solicitantes de asilo: 4.516.Se llegó a la cifra más baja desde 1989.

>El 95% de las peticiones fue inadmitido y el Gobierno sólo dio protección al 5%.

>Interior sólo firmó la concesión del estatuto de refugiado a 151 personas.