Cuarto encarcelado por la trama de los supuestos sobornos y corrupción policial en los prostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels. La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, acordó ayer la prisión incondicional para Andrés Otero, ex inspector de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF). Se le acusa de los supuestos delitos de cohecho, prevaricación y contra los derechos de los trabajadores por haber cobrado dinero de los propietarios de los locales a cambio de permitir la explotación sexual de las mujeres.

Otero abandonó el Cuerpo Nacional de Policía en 2004 y actualmente era responsable de seguridad de una empresa relojera. Su encarcelamiento se suma al del inspector de policía José Javier Martín Puyal, que fue el jefe del grupo de Extranjería de Barcelona, y al de los dueños de los locales Saratoga y Riviera, Carmelo Sanz y Antonio Lázaro, respectivamente

La juez también acordó ayer la prisión eludible con fianza de 2.500 euros para Abundio Navas, actualmente jefe de la UCRIF en Barcelona, por falsedad, prevaricación y favorecimiento de la prostitución. Fuentes de la investigación explicaron que Navas se ha visto involucrado en este proceso por las confesiones que realizó Martín Puyal contra él a raíz de un incidente ocurrido durante el registro realizado en la taquilla que éste tenía en la Jefatura de Policía, en el que participó Navas.

Al parecer, en ese registro se encontraron diversas joyas y objetos procedentes de robos que habían sido incautados por la policía a los ladrones. Navas elaboró el atestado de esa acción, pero olvidó referirse al contenido de una bolsa en la que había cocaína. Eva Labarta, abogada de Navas, explicó ayer que su cliente sí explicó a sus superiores de manera verbal el hallazgo de la droga y mostró ayer su sorpresa porque la justicia dé crédito a las confesiones

de Martín Puyal, que durante muchos años fue jefe de la Brigada de Información (antiterrorista) y utilizaba el alias de Jordi.

La investigación judicial se inició precisamente a raíz de una querella de la fiscalía contra Martín Puyal, después de que le denunciara por soborno uno de los propietarios de los locales que estaba siendo extorsionado. Esta semana han desfilado también por el juzgado otros dos policías más, que quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración.

Las mismas fuentes explicaron que la trama de corrupción se sustentaría en tres patas. Las dos ya conocidas de los dueños de los prostíbulos y los policías que les sobornaban, y una nueva que se basaría en la participación activa de algún abogado, algo habitual en este tipo de casos. Sin embargo, hasta ahora no ha trascendido la implicación de ningún letrado.