ENRIQUE FIGUEREDO – Barcelona

Un inspector implicado está emparentado con personal policial de la Delegación del Gobierno
Un alto cargo de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif) de la Policía Nacional hasta el 2004 – en la actualidad trabaja en el sector privado-y otro destinado en la misma unidad todavía en activo declararon ayer ante la juez que investiga el llamado caso Saratoga de prostitución ilegal y sobornos a funcionarios. Tras ser sometidos a interrogatorio como imputados, el fiscal solicitó prisión incondicional sin fianza para el primero, el ex inspector jefe Andrés O., y prisión eludible con fianza de 5.000 euros para Abundio N. La titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, decidirá hoy si atiende la solicitud de la fiscalía. Otro policía y un ex subinspector del mismo cuerpo también prestaron declaración. La juez les mantuvo la imputación, pero los dejó en libertad.

Lo que empieza a conocerse como caso Saratoga – un intento de extorsión a este club de alterne activó la investigación-ha entrado en una nueva fase después de que personas vinculadas al propio Saratoga y al prostíbulo Riviera hayan entrado ya en prisión. Concretamente, un socio del Riviera y un propietario y un gerente del Saratoga. Ahora le ha tocado el turno a otra de las ramas de la trama supuestamente corrupta que investigan los Mossos d´Esquadra dirigidos por la juez y la Fiscalía de Catalunya: la que toca a miembros de la Policía Nacional presuntamente salpicados por manejos ilegales relacionados con su trabajo. Los funcionarios y ex funcionarios que hasta ahora han pasado por el juzgado número 33 están o han estado vinculados a la Ucrif en uno u otro momento de la historia más reciente de la lucha policial contra la inmigración ilegal en Catalunya. La Ucrif es el órgano de la Jefatura Superior especializado, entre otras tareas, en el control de los locales de alterne para que en ellos no trabajen personas – principalmente mujeres-sin los papeles de residencia en regla.

La fiscalía sospecha que funcionarios de esa unidad policial llegaron o trataron de llegar a acuerdos ilícitos con responsables de los prostíbulos, mediante compensaciones económicas o de otra índole, para que las inspecciones fueran menos frecuentes o menos duras, o para ser avisados con anterioridad de las redadas que iban a llevarse a cabo. Fuentes del caso explican que esos supuestos acuerdos no se llevaban siempre a cabo de una forma explícita, sino que en muchas ocasiones se hicieron mediando terceras personas no pertenecientes al cuerpo policial.

Ese no parece ser el caso que dio pie a la investigación, cuando en el 2007 un inspector de la Ucrif fue detenido por la Guardia Civil en un supuesto intento de soborno a los responsables del club de alterne Saratoga. Ese inspector – en la actualidad de baja-y la investigación que se hizo en torno a él parecen estar en el epicentro de la trama o, al menos, del modo de desentrañarla.

Este inspector, emparentado con personal policial de la Delegación del Gobierno en Catalunya encargado precisamente de tareas relacionadas con la regularización de ciudadanos extranjeros, huyó de la Guardia Civil cuando iba a ser detenido por un equipo del instituto armado, encabezado por un oficial. Según el relato de la fiscalía entonces, este policía pidió 3.000 euros a los responsables del Saratoga, cantidad que el inspector guardó en un bolsillo. Cuando los guardias le dieron el alto, pudo despistarles huyendo en su coche. Supuestamente, tiró el dinero por la ventanilla. El inspector fue al final detenido, pero no llegó a pasar a disposición judicial. Ante su sorpresa, los guardias que lo capturaron recibieron instrucciones de dejarlo en libertad. A partir de ahí, la juez encargó el caso a los Mossos.