MADRID – La detención masiva de inmigrantes le puede salir cara al titular de Interior. Más de 180 asociaciones se han unido para presentar hoy ante la Fiscalía una denuncia contra los altos cargos del Ministerio, dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, a los que acusan de cometer varios delitos por ordenar el establecimiento de cupos de detención de inmigrantes.
Concretamente, el escrito presenta 12 anexos de documentación de apoyo para solicitar la investigación de varios casos posibles de malversación, prevaricación, coacción, acoso, racismo y xenofobia.
Las asociaciones de inmigrantes rechazan «las redadas ilegales e identificaciones masivas e indiscriminadas y las detenciones selectivas dirigidas hacia los colectivos con rasgos físicos diferentes a los de la mayoría de la población», que se producen en «la vía pública, lugares de ocio, cercanías de consulados embajadas o oficinas de Extranjería, puertas de colegios, plazas, locutorios, estaciones de Metro y de autobuses».
El texto señala directamente a los responsables de Interior porque «no está cumpliendo con la normativa y actúan con xenofobia, racismo y, por lo tanto, discriminación activa, al priorizar las expulsiones de personas de nacionalidad marroquí».
Asimismo, recordaron que el ministro Rubalcaba calificó las identificaciones masivas de ilegales, lo que debería ser suficiente para que la Fiscalía «investigara y denunciara dichas irregularidades para depurar responsabilidades entre los altos cargos de su Ministerio».
Medidas cautelares
Además de depurar responsabilidades, las asociaciones piden en la denuncia que el organismo judicial decida la puesta en marcha medidas cautelares urgentes «para subsanar los daños de los inmigrantes afectados».
Para ello, sugieren la retirada y anulación de los expedientes de expulsión abiertos y las detenciones que se hayan producido de forma ilegal desde el pasado 1 de enero de 2008, y el establecimiento de una indemnización por la vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas.
Las asociaciones y plataformas denunciantes advirtieron de que, en el caso de que la Fiscalía no admitiera a trámite su documento, presentarán una denuncia contra ella ante instancias superiores españolas e internacionales porque «estaría faltando gravemente a su obligación».