Osakidetza mantiene que la empresa denunciada ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social por emplear a médicos y enfermeras inmigrantes «en precario» cumple «todos los requisitos legales en tanto en cuanto no se demuestre lo contrario». Las autoridades sanitarias no quisieron entrar a valorar los términos de la demanda, en la que el sindicato UGT denuncia que los trabajadores de la compañía subcontratada por el Servicio Vasco de Salud para cubrir las urgencias extrahospitalarias – Medical Dom – realizan «jornadas maratonianas» de «más de 300 horas mensuales de media».

Socialistas y populares han exigido a Osakidetza que «no eche balones fuera» y «asuma su parte de responsabilidad» en un caso «claro» de «explotación laboral». «Tiene la obligación de hacer un seguimiento exhaustivo de todos los servicios que subcontrata. No pueden escudarse en que se trata de una empresa privada para evitar su parte de responsabilidad», señaló la parlamentaria Blanca Roncal (PSE) tras acusar a los directivos de la red pública de «dejación de funciones» ante lo ocurrido.

A juicio de Laura Garrido (PP) es «muy grave que una Administración pública ampare prácticas como las denunciadas ante Inspección de Trabajo. Hay una falta de transparencia absoluta. Los responsables de Osakidetza van de puristas, pero cuando no les interesa bien que miran para otro lado», subrayó. En este sentido, la parlamentaria popular confía en que «este tipo de prácticas desaparezcan en la etapa de cambio que se va a abrir a partir de ahora».