¿Qué pasará si se logra aprobar una reforma migratoria en Estados Unidos que legalice a algunos de los aproximadamente 9 millones de mexicanos indocumentados y aumente la pena de ilegalidad a los demás? El gobierno de México debe asumir como una de sus funciones impostergables el negociar a favor de los intereses de éstos como integrantes del pueblo mexicano.

EU debe calcular que una reforma migratoria, especialmente cuando coincide con la crisis económica, se tiene que ligar con una política a favor del desarrollo regional en México. Esto implica reformas políticas en los dos países.

Si no ha sido efectivo cerrar la frontera, la crisis económica sí está forzando el cierre de la “válvula de escape” de la emigración rural a Estados Unidos en un momento de decrecimiento económico en México, conviertiéndose en un factor de peligro a la estabilidad política. Y es probable que una reforma migratoria empeorara la situación, resultando en el retorno, de tal vez la tercera parte de la población indocumentada.

Si no se cae en aplicar una extensión aún más intolerante de la política de redadas y deportaciones, una nueva política pública pretendería promover el retorno voluntario. Esto implicará reconocer que los trabajadores, aun los indocumentados, fueron un motor del crecimiento económico cuyo ciclo concluyó el año pasado. La contradicción entre la demanda del mercado laboral y el control sociolegal expuso a estos trabajadores a una explotación sistemática, motivada por una política de buyout o pagando el remanente, más que deportaciones forzadas.

Entonces, la reforma migratoria estadounidense iría de la mano con una efectiva política para el desarrollo nacional incluyendo el sector rural. ¿Cómo detener la fuga de capital de México necesario para tal política? Además, se agrava la situación con la disminución de remesas y también por el precio deprimido del petróleo. La combinación de la crisis económica con la reforma migratoria (proyectada para el próximo verano) obliga a México a maximizar sus reservas.

Si no se quiere afectar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ni la banca transnacionalizada, el presidente Obama tendrá que ejercer jawboning o coerción moral para mantener suficiente capital en México para conservar liquidez. Por lo menos es bueno que el gobierno estadounidense recientemente adquiriera enormes bloques de acciones de los bancos con sedes en EU y el control que lo acompaña. Necesita a consejeros inteligentes reforzados por el poder político de los mexicano-estadounidenses para privilegiar esta estrategia y una política mexicana clara en un espacio de negociación binacional. Se vale soñar.

¿Es concebible que el gobierno mexicano invirtiera en una política del desarrollo regional? El economista Rodolfo García Zamora (en un reciente evento de Iniciativa Ciudadana en la ciudad de México) argumentó que el sector agrícola tiene verdadero potencial para refundar y acelerar el desarrollo regional, en particular en el sur de país, que es de donde salen muchos migrantes hoy.

Dependerá de que las y los migrantes (de regreso o establecidos en EU) lograran una voz, legitimidad y autoridad en sus comunidades y en toda la nación. Esto prácticamente implica una reforma política para institucionalizar las comunidades transterritoriales, con acceso a votación local en el exterior y a la representación política abierta de miembros de estas comunidades dondequiera que estén.

En breve, la coyuntura nos está presionando a convenir soluciones que vinculen los intereses de los dos países y aborden reformas políticas de fondo. La reforma migratoria estadounidense debe ir de la mano con estímulos a la economía mexicana y la revitalización del sector rural. Al regular la informalidad asociada a la migración en EU, y empoderar a los mexicanos en el exterior y de regreso en la sociedad y en la política mexicana, se renovará el pacto social en ambos países madurando la relación bilateral.