Lo consideran un fracaso en su proyecto de vida, pero muchos no ven otra opción. Una situación económica que les asfixia y la incertidumbre ante el futuro hacen que el Plan de Retorno Voluntario sea el clavo ardiendo al que se agarran algunos inmigrantes (no comunitarios) afincados en la ciudad. Gente, en su mayoría, procedente de Latinoamérica – sobre todo de Brasil y Ecuador – que llegaron a Miranda hace alrededor de «7 u 8 años» buscando trabajo, bienestar y calidad de vida.

Y, cuando creían que lo habían conseguido, la crisis ha elegido a muchos de ellos como víctimas. No son los únicos, evidentemente, pero su red social y sus recursos son menores que los de las mayoría de los españoles. Una situación que ha llevado a unos 60 de los 4.000 inmigrantes que residen en Miranda a informarse sobre las opciones de ayuda a las que pueden acogerse para la vuelta.

En Cruz Roja lo saben muy bien. Son ellos los que gestionan y tramitan en regreso. Se encargan prácticamente en su totalidad de los denominados retornos humanitarios y, en colaboración con el Inem, en los casos de aquellos que tienen derecho a prestaciones por desempleo. El proceso de vuelta a sus país de origen tampoco es igual para todos.

Desde que a mediados del pasado año, la Asamblea Local comenzara la gestión del retorno del colectivo con menos recursos ya son cerca de cuarenta los que han solicitado información y 22 los que se han decidido a dar el paso de solicitarlo.

Pero no a todos se les ha concedido. De momento, los datos que maneja la técnica de Intervención Social del centro, Sandra Pérez Sánchez, señalan que «3 ya han viajado, se les ha denegado la ayuda a 16 por no cumplir el perfil y 3 más están a la espera. Estos llevan 3 meses esperando la resolución».

Y es que el mero hecho de solicitarlo no conlleva la concesión. Hay que cumplir algunos requisitos. El principal: demostrar, mediante un padrón, que se llevan más de 6 meses residiendo en Miranda o en algún otro lugar de España. Algo que la mayoría cumplen de sobra. También suele ser habitual aportar algún informe social en el que se analice por qué llegó a España, cuál ha sido su vida aquí y por qué necesita volver.

El perfil de los aceptados suele ser el de «familias con hijos a su cargo, personas solas con descendientes o gente que dependa de ellos en su país». Pero además, añadió Pérez, son personas que están «en grave riesgo de exclusión económica en España». Carecen de medios para marcharse.

Por eso, el retorno humanitario les garantiza el traslado desde su domicilio al aeropuerto, el billete de avión, 50 euros de ayuda de bolsillo para «poder comprarse un bocadillo o hacer frente a pequeñas contingencias». Además, en algunos casos, se puede solicitar «una ayuda de reinstalación que asciende a 400 euros por persona, con un máximo por unidad familiar de 1.600».

Partir de cero

Y es Pérez recalcó que hay que tener muy presente que no todo el mundo que vuelve a su país tiene casa. Por tanto, cuando llegan, de nuevo, se encuentran sin nada para iniciar una nueva vida. «Cuando la gente emigra tiene el problema del desarraigo de sus orígenes, pierde su red social… para venir a un lugar del que no conoce nada. Cuando se han adaptado tras pasar varios años aquí, regresan y casi son unos extraños».

Muchos de hecho lo son. «Hay niños que han nacido aquí o llegaron siendo muy pequeños. Sus amigos están aquí, sólo conocen este colegio y, en algunos casos, nunca han visto a abuelos o a la familia con la que van a tener que convivir», señaló.

Se añade otro inconveniente de carácter social. Para los que no han emigrado, los que lo han hecho son gente de éxito. Tienen trabajo, una casa, sus hijos van al colegio y dinero para mandar a su país. «Están aquí como una muestra de ejemplo y si vuelven con un retorno humanitario lo hacen destronados». Esa preocupación es, en opinión de la responsable de Cruz Roja, la que hace que aún no muchos de los que se informan den el paso final de acogerse al plan.

En mejores condiciones se plantea el regreso para los que tienen derecho a cobrar el paro. Aunque, de momento, de la veintena de personas que ha pedido información sólo hay una resolución; fue la semana pasada y aún no ha llegado a viajar.

De ese colectivo que se puede acoger a esta opción, la mayoría son personas que llevan varios años con empleo más o menos estable, pero ahora, fundamentalmente, por el parón de la construcción, están en paro. «Hasta ahora han trabajado muchas horas y han disfrutado de una buena situación económica y con la nómina por desempleo no pueden cubrir las deudas adquiridas», apuntó.

A estos que deciden volver y el Inem les concede la ayuda, en el momento de la resolución se les ingresa el 40% de la prestación y 60% restante se les entrega – tras gestionar el viaje con Cruz Roja – a su llegada al lugar de origen. «Con ese dinero muchos optan por el auto empleo. Desde licencias de taxi a panaderías o incluso una revista», zanjo.

Evidentemente esta opción es más favorable para los inmigrantes que regresan, pero muchos siguen perdiendo dinero. A los que tienen piso les resulta muy difícil venderlo y, si lo hacen, muchas veces es a un valor inferior al de compra. Lo mismo ocurre con el coche, los muebles o electrodomésticos. No se los pueden llevar, el porte es inasumible. La salida más habitual pasa por malvenderlos.