La gravedad de la denuncia presentada contra una de las empresas subcontratadas por Osakidetza para realizar urgencias extrahospitalarias obliga tanto a la autoridad laboral como al Gobierno vasco a realizar una investigación exhaustiva para determinar con precisión su alcance y depurar posibles responsabilidades. Las imputaciones tienen, además, un matiz que las hace especialmente reprobables, al incluir como afectados a médicos extranjeros. Si el abuso laboral es inadmisible, hacerlo aprovechándose de la condición de inmigrante del trabajador para recurrir al chantaje lo convierte en execrable.