Muchos de los menores inmigrantes enviados por la Diputación de Guipúzcoa al centro de acogida de Deba, uno de los habilitados por el ente foral para acoger a los jóvenes que hasta ahora se encontraban en el de Tolosa, prefieren vivir en la calle a volver a toparse con algunos de sus educadores. El pasado 3 de marzo, una decena de estos jóvenes acudió al juzgado número 1 de San Sebastián para denunciar malos tratos por parte de dos cuidadores. Los menores presentaron un parte de Osakidetza certificando que al menos dos de ellos sufrían lesiones en cara, espalda y extremidades.

Ocho días después, otro grupo de muchachos acudió, acompañados por representantes de la ONG SOS Racismo, a presentar ante la Fiscalía de Menores el relato de la pésima situación que, según ellos, viven en este centro, en el que la Diputación aloja a muchos de los menores extranjeros a los que considera conflictivos. Ayer se hallaban en el centro una veintena de jóvenes, según uno de ellos.

Tres de los muchachos explican en su testimonio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, cómo después de que los educadores les obligasen a fregar el centro y ellos se negaran, empezó una trifulca con un enseñante: uno de los chicos se escapó por la ventana, pero uno de los monitores le alcanzó y le estampó la cabeza contra un árbol. Poco después, otros dos menores, con la excusa de salir fumar un cigarro, se fugaron, cogieron el Topo y llegaron hasta San Sebastián. Desde entonces, deambulan por las calles de la capital donostiarra. Es habitual que las instituciones resten credibilidad a los testimonios de estos jóvenes.

Los menores aseguran que los insultos y el maltrato resultan habituales, sobre todo por parte de algunos educadores. Estos relatos, realizados ante la secretaria judicial y con presencia de un traductor oficial, describen unas deficientes condiciones sanitarias en el centro. La comida servida estaba siempre fría, al igual que el agua con que se duchaban. Agregan que los educadores no les dejan acudir a los talleres profesionales en los que ponen sus esperanzas de una mejor vida. Los educadores que supuestamente les maltratan les decían que no tenían derecho a acudir allí.

Este dato, al igual que los maltratos recurrentes, fue corroborado por varios menores interrogados ayer por este periódico. Uno de ellos explicó, visiblemente angustiado, que iba a perder la plaza que se había ganado para realizar unas prácticas porque no pudo completar el módulo de FP al no poder ir al taller. Fue enviado a Deba después de abofetear a uno de sus compañeros en un piso de acogida en Mondragón. “Sólo pido otra oportunidad. Ya sé que hice mal, pero no pueden joderme la vida por un error que cometo”, dice.

La decena de menores que acudió a declarar a la fiscalía dejó claro que no quería regresar a Deba – actualmente todos menos dos de ellos viven en la calle – por miedo a las represalias de los educadores. En el mismo escrito solicitan un centro adecuado, poder acceder a cursos y formación, que se les facilite la tramitación de sus papeles y que se les permita contactar con sus familias en sus países de origen. También reclaman que se les nombre un defensor judicial.

Otro joven que declaró ante la fiscalía asevera que el director del centro le prometió que si firmaba un documento le iban a pagar un billete para pudiera irse del País Vasco. Otro testimonio apunta en el mismo sentido: “El director, junto a dos educadores, les llevó al comedor y les dijo que firmaran un papel de alta voluntaria, amenazándoles con que, en caso contrario, les mandarían de vuelta a Marruecos”. SOS Racismo añade: “Tenemos constancia de que, tanto desde el centro de Zarautz, como desde los centros de Deba y Lastur, se está presionando a los menores para que firmen un documento, de forma que su abandono del centro parezca algo voluntario. Se está entregando dinero a los menores para que se vayan a otras comunidades”.

EL PAÍS intentó anoche, sin éxito, obtener la versión de la Diputación sobre estos hechos.