Los inmigrantes se apuntan en el registro municipal y el Ayuntamiento tiene tres meses para responder

vitoria. La batalla por empadronar ficticiamente a inmigrantes en Vitoria, figura totalmente legal, ha enfrentado tradicionalmente al portavoz de SOS Racismo en Álava, Fede García, y a los últimos equipos de Gobierno municipal de la ciudad. De los más de 3.200 expedientes abiertos por esta agrupación en los últimos seis años, un 80% se materializaron en solicitudes de padrón ante el Ayuntamiento y de ellas, alrededor de 850 prosperaron por silencio administrativo positivo del Consistorio. “No sabemos cuál es la razón de que sólo afecte a un tercio de los que presentamos, pero así es como sucede”, manifestó ayer García.

Las desavenencias vivieron su momento más tenso durante el mandato de Alfonso Alonso, quien se opuso firmemente a los empadronamientos ficticios, si bien actualmente los procesos discurren por las mismas vías, aunque sin enfrentamiento abierto. La campaña alternativa de solicitud de empadronamiento impulsada por la asociación da sus frutos, aunque no de la manera esperada. Semana tras semana, varias personas inmigrantes son inscritas en el Registro Municipal del Ayuntamiento. Al mismo tiempo, se da cuenta de las gestiones realizadas a todos los grupos políticos locales y a los Servicios Sociales. “Nadie se ha dignado dar una salida legal y razonable a esta situación tras seis años de tramitaciones, es curioso”, constata García.

Más curioso aún es que sólo un tercio de estas solicitudes son dadas por válidas merced el silencio administrativo. Transcurridos los tres meses de plazo que la Administración tiene para contestar, los inmigrantes que no han recibido respuesta obtienen automáticamente el volante de padrón. Lo malo es que dos terceras partes de los solicitantes no lo logran. “Sigue sobre la mesa la cuestión de qué hacer con aquellas personas que quedan fuera de los mecanismos de integración”, lamentó el portavoz de SOS Racismo.

Quienes logran convertirse en ciudadanos empadronados lo hacen de la mano del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, organismo que confirma el silencio administrativo. “Es inaudito que al final sean estructuras superiores a la local las que se ocupen de ello”, consideró Fede García.