La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a tres traductores que trabajaban para la Policía Nacional en Tenerife por manipular las nacionalidades de inmigrantes irregulares para evitar su repatriación. Los procesados cumplirán penas de cuatro años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Los condenados son los senegaleses Mamadou M.T. y Cheick S.S., así como Ibrahima M.T., natural de Costa de Marfil. Todos ellos carecían de antecedentes penales y fueron contratados por la Policía Nacional para auxiliar a los agentes en las labores de traducción para tramitar eficazmente tanto los expedientes gubernativos de devolución y, en su caso, de expulsión, como también en el orden estrictamente penal de proceder a la investigación de quienes promovían, favorecían o facilitaban, directa e indirectamente, la inmigración clandestina de quienes venían en cayuco. Además, se ocupaban del mantenimiento de la seguridad y el orden en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife.

Los procesados, según la sentencia condenatoria de 10 de febrero de 2009, se dedicaron a alterar las nacionalidades de los inmigrantes a cambio de una contraprestación económica.

Los traductores recomendaban a los subsaharianos que no hablaran francés para evitar que los comprendieran los policías que conocían la lengua gala. Así, conseguían actuar sin ser descubiertos y evitaban siempre registrarlos como senegaleses o como originales de cualquier país con el que hubiera convenios de repatriación.

Durante el tiempo en que “operaron” en Hoya Fría, aproximadamente desde mayo de 2007 hasta mediados de aquel año, los procesados consiguieron manipular la nacionalidad de al menos, 75 inmigrantes de los 190 entrevistados. Asimismo, alteraron los expedientes de asilo, consiguiendo que el número se elevara de 20 en 2006, a 200 en los primeros meses de 2007.

El fallo del tribunal presidido por el juez José Félix Mota Bello revela que los procesados también dificultaban el descubrimiento de quienes para el viaje en cayuco promovían, favorecían o facilitaban su viaje hacia las islas, posibilitando así que continuaran llegando las citadas embarcaciones a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En definitiva, su actividad tenía por objeto indicar a quienes fletaban cayucos con destino a España, el momento propicio para emprender la travesía y burlar el control policial.

Los africanos condenados deberán pagar las costas del juicio y estarán sometidos a inhabilitación absoluta durante seis años, a tenor de los datos conocidos tras el juicio.