La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, confirmó que el Fondo de Integración de Inmigrantes ha sufrido un recorte del 30 por ciento, por lo que se queda en 141 millones de euros para 2009. Este anuncio provocó las críticas de la oposición popular – que calificó esta acción de «disparate» y «gravísimo error» – , así como de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Rafael Hernando, portavoz del ramo en el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, denunció que la cortapisa va en contra de la integración de este colectivo «y puede causar conflictividad social». Anunció que esta semana su partido solicitará al gobierno que aplique esta medida no en este campo, sino en los «gastos suntuarios». Puso como ejemplo el dinero que se destinará a la nueva web del Ministerio de Trabajo, modificada hace solamente dos años. Con el mismo tono crítico se manifestó el portavoz de Inmigración de CiU, Carles Campuzano, quien consideró «incomprensible» que en estos momentos de crisis el Gobierno de Zapatero reduzca este capítulo.