Si no aceptan el acuerdo que se les propone, se irán a la calle. El Ayuntamiento de Vitoria realizará un último intento para realojar al polémico clan de los ‘Bartolos’, atrincherado desde hace más de veinte años en el número 68 de la Avenida de los Huetos, frente a la fábrica de Mercedes. Según ha podido saber EL CORREO, el Gabinete Lazcoz planteará a las familias de la desconchada casa que se trasladen a vivir a Aguirrelanda. En concreto, al asentamiento que acoge y reinserta en la sociedad a los rumanos que llegan a la capital alavesa en furgoneta. El solar de la calle Artapadura cuenta con unas instalaciones similares a las de un cámping, con módulos prefabricados y todo tipo de servicios básicos. Allí vivirá el clan gitano más polémico de Vitoria si acepta las condiciones municipales. De lo contrario, se enfrenta a un desahucio y a perder la custodia de sus hijos menores. «O lo toman o lo dejan. Hasta aquí hemos llegado», advierte el concejal de Asuntos Sociales, Peio López de Munain.

No es extraño que el Consistorio lance ahora este órdago. El realojo de los ‘Bartolos’ resultó una misión imposible durante la ‘era Cuerda’, En la de Alfonso Alonso tampoco se pudo encontrar una solución. Hace dos años, tras acceder al cargo, López de Munain inició una ronda de contactos con las personas que lideran el clan, Bartolomé Cortés y su mujer, conocida como ‘la María’. El tira y afloja ha sido constante y no ha dado resultados. A lo largo del año pasado, los técnicos municipales comenzaron a investigar con discreción la situación económica y personal de las familias con todos los sectores afectados – Ayuntamiento, entidades financieras y Diputación – . Todos los grupos municipales fueron cómplices de la situación y guardaron silencio. Los resultados de los informes han encendido todas las alarmas. «Están a punto de verse en la calle por las deudas que acumulan», reconoce el concejal socialista.

Las conclusiones serán trasladadas esta mañana a la oposición en un encuentro de carácter privado. Los estudios han desvelado que el clan está formado por 31 personas, divididas en siete familias que residen en cuatro pisos del edificio. De ellas, doce son niños con edades comprendidas entre 1 y 16 años. Varios no acuden al colegio con asiduidad.

«Situación límite»

Además, el clan acumula numerosas deudas. Los pisos «son de su propiedad», pero se han descubierto impagos de hipotecas, números rojos con Hacienda y facturas pendientes por impuestos no abonados al Ayuntamiento. En consecuencia, los bancos «les embargarán las viviendas dentro de poco; yo mismo he tenido que mediar para que esperen y se frenen», avisa López de Munain.

Por si fuera poco, la escolarización de los menores es competencia foral, y la Diputación está «a punto» de intervenir. Más de lo mismo. «Pueden perder la custodia de los niños, es una situación límite», explica el edil.

En resumen, los ‘Bartolos’ se van a quedar en la calle y pueden perder a sus niños. Por eso, el Gabinete Lazcoz hará «el último intento» para ayudarles y llamará a las familias, una a una, para trasladarles su propuesta por separado en la sede de la Policía Local, ubicada en Aguirrelanda.

El planteamiento será el siguiente. Las siete familias deberán abandonar el edificio de Los Huetos, donde no hay agua caliente y las ratas «campan a sus anchas», como reconocen los propios ‘Bartolos’. Si aceptan, la casa será derribada de inmediato. Las viviendas han sido tasadas por peritos y el Ayuntamiento ofrecerá a cada familia el valor del inmueble, restándole las deudas acumuladas.

En segundo lugar, el clan deberá irse a vivir al asentamiento que el Consistorio levantó en Aguirrelanda en 2004 para acoger a rumanos. Se estrenarán varios módulos para que cada núcleo familiar se instale en uno, siempre por separado. «Ni les vamos a dar un piso ni les vamos a construir un poblado. En los últimos meses he escuchado de todo y me he tenido que callar para no dar pistas», exclama el concejal. Los ‘Bartolos’ tendrán un lugar para dormir, cocinar, ver la televisión y ducharse. «Estarán mucho mejor que ahora».

A su vez, las familias que acepten el acuerdo deberán seguir un «férreo» programa de inserción social. El objetivo es que demuestren su implicación gracias a unos monitores y que la Diputación compruebe que los niños gozan de plenos cuidados y que van al colegio.

El Consistorio sabe que no será fácil, pero desea cerrar el acuerdo este año. Si recibe un ‘no’ por respuesta, arrojará la toalla. «Si se implican podrán aspirar con el tiempo a pisos tutelados o sociales de alquiler. La decisión es suya. Si quieren que les ayudemos, perfecto», zanja el edil.