H A hecho usted unas declaraciones sobre el tema de los menores extranjeros no acompañados que a nuestro juicio no resisten un mínimo análisis que se lleve a cabo con un cierto rigor y seriedad.

Los menores no acompañados, son menores mientras no cumplan los 18 años, edad fatídica, dado que en esos momentos los Servicios Responsables se desentienden de ellos, tengan o no tengan documentación, hayan sido legalizados o no, se hayan puesto o no los medios necesarios para la atención, educación, escolarización y formación de los mismos.

La calidad de estos servicios depende esencialmente de la voluntad política de asumirlos. Remitir a acuerdos de colaboración con ONGs u otras entidades cuadra con las prácticas de los últimos años en materia de externalización de servicios en general, que los sucesivos gobiernos forales han venido aplicando en éstas y otras materias. Este servicio, no es ajeno a dichas políticas.

Las calidades de los servicios, los compromisos sociales y la asunción de responsabilidades en estas materias está rigurosamente tasada. Los menores por ser menores y además no acompañados son de la exclusiva responsabilidad de los Servicios del Menor. Atender a los menores no es una responsabilidad que se pueda desviar a terceros, y no puede estar en función de la cantidad de menores que en cada momento accedan a estos servicios, que han de ser, por otra parte, atendidos por profesionales cualificados y motivados.

Los continuos bandazos que se vienen dando en las atenciones cotidianas, justificados con razonamientos de los más peregrinos, nos confirman en la idea de que de lo que se trata es de desprenderse de unas situaciones problemáticas, sobrevenidas y no deseadas, que no producen rentabilidades, por ejemplo, electorales.

Socialmente, no hay un buen espacio de acogida para hacer frente a situaciones que desbordan e incomodan. Nadie quiere un Centro de Menores a la puerta de su casa – tampoco queremos que una familia gitana o senegalesa – pero eso sí, no dudamos en contratar, incluso sin papeles, a la madre para que atienda a nuestro familiar enfermo o mayor, dado que nosotros trabajamos, no tenemos tiempo, y las servicios hospitalarios están colapsados y no están para decepcionar a enfermos terminales.

No es de recibo, que se condicione la atención a estos menores a un numerus clausus indeterminado, que establezca el Ministerio de Asuntos Sociales, so pena que por motivos nada humanitarios el Estado Español se dé de baja de los Convenios Internacionales en materia de atención a menores y de derechos humanos. Como esta situación no se va a producir, conviene asumir con prudencia unas responsabilidades que nos vienen dadas por la legalidad vigente.

No es conveniente airear, si atendemos a 30, 150 o 500 personas, porque la alarma social está presta a encenderse al menor atisbo de supuestas actuaciones e intervenciones de privilegio. Los motivos no justificados que alimentan estas alarmas funcionan,también por la irresponsabilidad de las propias administraciones, que airean sin rubor alguno, que las documentaciones de estos menores, cuando disponen de ella, es remitida a los servicios de la Policía pertinentes a fin de que sancionen la legalidad de la misma. Los pasaportes son documentos que identifican a la persona emitidos por una administración extranjera, y por tanto, la legalidad de la misma habrá de ser comprobada y ratificada por el juez natural que corresponda a la demarcación judicial de turno. Dirimir las edades de los jóvenes mediante pruebas óseas y otros mecanismos, a fin de desprenderse de aquellos jóvenes que se entiende que son mayores de 18 años, podrá ser legalmente asumible, pero solidariamente un desastre.

Puede que fuera una medida racional que por parte de los poderes del estado se documentara a estos menores – precisamente por ser menores – con un permiso de residencia, que les condujera en la mayoría de edad a acceder con normalidad hacia la inserción social y laboral adecuada. En la actualidad no es así. Pasan de un día para otro, de estar atendidos en las necesidades básicas – alimentación, vestido, estancia, y formación – a una situación de exclusión absoluta, engrosando la larga lista de sin papeles , sin posibilidades reales de legalización a corto plazo.

Bien estaría que los esfuerzos de la señora diputada en estas materias estuvieran encaminados a presionar la Gobierno y Administración centrales para los menores no acompañados fueran documentados inmediatamente, de tal manera que los ingentes gastos forales en estas materias se administraran y aplicaran a la educación, formación y preparación de estos menores para su inserción social. No es de recibo, que se exija al Ministerio que establezca un cupo de menores, y ello porque en otras diputaciones forales vecinas también reina un cierto desconcierto, que puede conducir a unificar esfuerzos en lo menos interesante, y no en lo más importante, como a nuestro juicio sería exigir la Gobierno central responsabilidad en el tratamiento de estos temas, documentando inexcusablemente a los menores por anticipado.

Más inversiones. Más responsabilidad. Más esfuerzo. Más solidaridad. Más capacidad política para afrontar situaciones de marginación y exclusión inaceptables. Las cotas de desarrollo de una sociedad también se miden por su capacidad de insertar lo foráneo de un modo natural y objetivo, sin traumas sociales que hagan inviables unas políticas sociales de corte pragmático y respetuosas con los derechos humanos elementales.

* SOS Racismo Araba