El desgraciado balance de la patera que naufragó a un paso de Lanzarote causando al menos 21 muertes viene a confirmar lo que hace tan sólo unos días reiteraba en este periódico la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas. Vienen menos pateras, pero lo hacen cargadas de niños y además se producen más muertes. De las 21 personas que murieron en este accidente, al menos 14 eran menores.

Una situación tan dramática con la vivida este fin de semana no puede dejar impasibles a los responsables en materia de inmigración en el Estado español y de Europa. Los gobiernos autonómicos de las Islas le han ido trasladando a ambas administraciones a lo largo de esta década, por activa y por pasiva, que este no es un problema de Canarias, sino de ámbitos administrativos y políticos superiores, y las nuevas connotaciones de este tipo de inmigración irregular, que pone en riesgo la vida de menores que emprenden la aventura impulsados por sus propios padres ante la evidencia de que no serán expulsados debido a su edad, exigen que de manera inmediata ambos se ocupen sincera y prioritariamente del asunto.

Pero para que esto sea posible, es imprescindible que los mensajes que se reciben en Madrid y Bruselas sean coherentes. Que no existan contradicciones. Que unos no dramaticen en exceso la situación ni otros traten de minimizarla. En definitiva que Canarias se pronuncie como un solo bloque en la búsqueda de soluciones no sólo a la llegada de pateras, sino al tratamiento que merecen los menores que consiguen el milagro de llegar sanos y salvos hasta las costas canarias.

La acusación formulada por Inés Rojas el domingo en este periódico es muy importante. Que todo un secretario general del PSC y futuro cabeza de lista al Parlamento Europeo se dedique a torpedear la labor de concienciación que está realizando el Gobierno de Canarias ante la Administración central para que el Estado asuma la tutela de unos menores con los que, básicamente, la ley del menor no contaba, resulta extremadamente grave de ser cierta. Y aunque así no lo fuera, qué duda cabe que la colaboración de los socialistas canarios en la búsqueda de una solución buena para los niños, buena para Canarias y buena para España y Europa sería de inmenso valor.

No es así como están las cosas. Cuando la Administración central se intenta acercar a la posición del Gobierno de Canarias, aunque tímidamente, el secretario general del PSC saca inmediatamente a sus peones a hacer ruido, crear confusión y evitar el acuerdo. Esto es más palpable aún cuando otras personas del mismo partido, en sede parlamentaria, se han hecho eco de una posición ministerial muy cercana, salvo en alguna medida en el instrumento preciso, a la defendida por el Gobierno de Canarias.

Paulino Rivero ha tirado alto solicitando una cumbre en Canarias de los tres ministerios responsables en Inmigración. Pero medida de urgencia tal vez sea necesario identificar y remover el obstáculo que está provocando interferencias en la comunicación.