Un documento interno obliga a los policías nacionales a completar un cupo semanal de detenciones a extranjeros en situación irregular. Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la orden “la implantó el anterior máximo responsable de este Cuerpo de Seguridad y en la actualidad todavía se mantiene, aunque la intensidad es menor”.

La presión por alcanzar este mínimo de arrestos es tal, añadieron desde este mismo sindicato, “que se ha llegado al caso de que las patrullas se coloquen en la boca del metro a final de mes para completar el cupo”. La cifra de detenciones es diferente en función de la ciudad y de la situación de la comisaría, manifestaron desde el SUP.

Desde el sindicato Unión Federal de Policía (UFP) coincidieron en señalar que había descendido la intensidad a la hora de detener extranjeros en situación irregular. Además, apuntaron la cifra media de unos 10 arrestos semanales en cada una de las comisarías de la ciudad y su área metropolitana.

Ambos sindicatos apuntaron que fue el anterior máximo responsable que estuvo en Valencia quien impuso esta medida, que ahora ha trasladado a Madrid junto a él. Y es que en la capital de España la presión es mucho mayor. Según aseguraron portavoces de estos sindicatos a Europa Press, cada comisaría tiene que detener semanalmente a un número determinado de irregulares en función de la población del distrito y si no lo consiguen, cruzar los límites de su ámbito de actuación y arrestar en otros lugares.

La orden cita textualmente, “extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo=35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito”.

Recientemente han sido los propios policías, a través de sus sindicatos, los que han trasladado a sus superiores quejas por estas instrucciones. SUP, CEP, UFP y SPP han remitido escritos al Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo exigiendo una “clarificación legal” sobre determinadas órdenes, entre ellas, las que obligan a realizar identificaciones “masivas e indiscriminadas sin ninguna razón de sospecha sobre determinadas personas, por ser jóvenes, transitar por determinada zona o ser extranjero”.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), su portavoz, Mauricio Valiente, afirmó que es “innegable el incremento de la presencia policial y las redadas y operativos masivos que se están produciendo en algunas grandes ciudades como Madrid y Valencia”.

“Entendemos que en puntos concretos como los colegios, donde se hacen identificaciones a los padres, se podrían estar vulnerando derechos fundamentales como el de la educación, porque el padre se va a pensar dos veces el llevar al niño al colegio o ir a un centro sanitario”.