Un jurado popular constituido en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, ha declarado culpable a una abogada, por allanamiento del domicilio de unos inmigrantes – en el que vivían varios años, pero que es propiedad de los suegros de la letrada – cuando iba a comunicarles un despido. La condena asciende a un año y tres meses de prisión y una multa de 2.520 euros.

Los hechos ocurrieron el 21 de abril de 2005, cuando la acusada, María del Pilar N., se presentó en el domicilio de una familia que trabajaba para la empresa de su marido. Tras golpear la puerta de la casa accedió al hogar «sin el consentimiento y la oposición de los ocupantes de la vivienda con empleo de violencia». El fallo también alude a la actitud de la demandada como «de cierta superioridad derivada de su condición de abogada y asesora de la empresa en la que trabaja toda la familia, lo que justifica que se imponga un pena superior al mínimo legal por el mayor desvalor que dicha conducta supone».

La procesada alegó durante el juicio que no entró en la vivienda, sino que permaneció en el umbral de la puerta, donde discutió con Mimouna D., cuando iba a entregarles una carta de despido, por ausencia, varios días, de su puesto de trabajo. Asimismo, defendió que los hechos no supusieron en ningún momento violanción del derecho a la intimidad.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el TSJ.