Al otro lado de su manta, Tapis contempla cada tarde la jungla de chorizos y carteristas que puebla el centro de Madrid. De vez en cuando, la Policía engancha a uno de los más descarados, pero al día siguiente vuelve a la calle: los hurtos de menos de 400 euros no están penados con cárcel. Sin embargo, si a él le pillan trapicheando unos CDs, puede pasarse dos años en la cárcel. «Es muy injusto», se queja. «No quiero perder mi dignidad, así que me niego a robar. Pero a veces parece que prefieren que robemos bolsos a que estemos con la manta».
Ayer, Tapis se plantó ante el Museo Reina Sofía y, junto a decenas de «manteros», exigió que se despenalice su actividad. No están solos: una amplia plataforma de artistas, abogados, jueces y fiscales apoya su campaña . Y, de momento, han logrado convencer a la mayoría de grupos de la oposición, incluido el PP, IU y los nacionalistas. Mientras , los socialistas guardan silencio, al igual que las entidades de gestión de la propiedad intelectual como la SGAE, temerosas de que la polémica dañe todavía más su reputación.
La disputa se remonta a 2003, cuando se endurecieron las penas. En pleno auge del «top manta», la SGAE logró que el Congreso castigase con prisión estos delitos. Desde entonces, la piratería «física» ha decaído y ya supone menos del diez por ciento de las vulneraciones de la propiedad intelectual. La batalla ya no está en las aceras, sino en la red, pero las cárceles españolas acogen a más de 60 «manteros». «Los ciudadanos no saben que les mandan a prisión; piensan que sólo les requisan el material», dice Pepe Ema, portavoz de la red Ferrocarril Clandestino, que respalda la iniciativa.
En paralelo, un grupo de jueces, fiscales y catedráticos está promoviendo una reforma de las penas contra la piratería. No pretenden legalizar el «top manta», pero sí que no se castigue con cárcel, sino por otras vías, como la civil o la administrativa. «El castigo actual es desproporcionado: hay que proteger los derechos de autor, pero no condenar a la miseria a los más débiles», explica Julián Ríos, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y coordinador de la iniciativa.
En las últimas semanas, el grupo se ha reunido con la oposición, que ha respaldado su iniciativa de forma unánime. «La propuesta tiene un fondo muy razonable», dice Arturo García Tizón, portavoz de Justicia del PP. «La situación actual es altamente injusta», añade Joan Ridao, portavoz de ERC. «Tenemos que proteger a las personas en estado de necesidad que se dedican a la manta de forma esporádica», coincide Emilio Olabarría, diputado de PNV.
Esperando al PSOE
Ahora, el grupo está a la espera de la opinión de los socialistas. Pese a sus insistentes llamadas, todavía no han logrado concertar una cita. Por su parte, el Gobierno se muestra «inquieto» ante la iniciativa. Así, Guillermo Corral, director general de Política e Industrias Culturales, no rechaza que el Ministerio de Justicia retoque la graduación de las penas si lo considera oportuno. «Pero nos preocupa que esta iniciativa traslade el mensaje de que el ¿top manta¿ es una chorrada, cuando es un negocio con una estructura mafiosa al cien por cien», asegura.
Mientras, la campaña espanta a las principales entidades de gestión. El endurecimiento de las penas fue uno de los grandes éxitos de la tozuda campaña antipitatería de artistas como Ramoncín o María Jiménez. Desde entonces, se han escandalizado ante cualquier intento de despenalizar el «top manta». Ahora, sin embargo, guardan silencio: ni SGAE ni Egeda, las dos organizaciones más combativas, quisieron pronunciarse ayer sobre la campaña.
Este silencio anima a los «manteros», que anoche se manifestaron por el centro de Madrid para reclamar sus derechos. Y esperan que su iniciativa fructifique en las próximas semanas, pues la crisis les está colocando en una posición insostenible. Cada vez más inmigrantes se están quedando en paro y, como no tienen papeles, se quedan sin cobrar el subsidio de desempleo.
Es el caso de Amadou, un «mantero» que trabajó en la construcción hasta el estallido de la burbuja. Ahora malvive de lo que saca del «top manta», menos de 400 euros al mes: lo mismo que podría hurtar en un rato sin arriesgarse a acabar en la cárcel. «Lo que la gente no entiende es que no nos dedicamos a esto por gusto», se queja. «Todos tenemos nuestros oficios: hay fontaneros, profesores, músicos… Pero nadie nos contrata porque no tenemos papeles. Apoyamos los derechos de autor, pero también los derechos humanos»».