I. A./ M. J. C.

BARCELONA. La Comisión Mixta de Traspasos Estado – Generalitat cerró ayer el acuerdo para el traspaso a la Administración autonómica de la competencia sobre la concesión de los permisos de trabajo iniciales. Con este acuerdo, la Generalitat se convierte en la primera comunidad autónoma en asumir una competencia directamente relacionada con el control de los flujos de inmigración, uno de los objetivos del tripartito, aunque el Estado conserva la potestad sobre la concesión de permisos de residencia – sin el cual no se podrá otorgar el permiso de trabajo inicial – y la renovación del permiso inicial de trabajo, que según la Ley de Extranjería habilita a trabajar en toda España.

El acuerdo cerrado ayer por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el conseller de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, es pues uno de los primeros frutos importantes del proceso de desarrollo del nuevo Estatuto catalán. Pero no deja de ser una victoria pírrica en un momento en que todos los ojos están fijos en la negociación de la financiación autonómica y el traspaso que se ha convertido en un símbolo político es el de la gestión del servicio de Cercanías de Renfe.

Tras el encuentro mantenido en la sede del Ministerio, Saura aseguró que el traspaso permitirá agilizar los procesos de autorización de residencia y trabajo a través de la «ventanilla única» que gestionará la Generalitat. El Gobierno catalán participará, además, en el proceso de definición del contingente de extranjeros, con una propuesta que el Gobierno deberá evaluar.

Saura reconoció, sin embargo, el malestar de la Generalitat por la lentitud con la que se están afrontando el proceso de traspasos, que el tripartito cifró en doscientos tras la aprobación del Estatut. El conseller reclamó a Salgado que se pacte una agenda política de traspasos antes de verano y ésta se comprometió a «acelerar el ritmo» de las negociaciones porque «el Estatut obliga a todos».

A juicio del diputado de CiU, Francesc Homs, el ritmo de traspasos es «desesperadamente lento» y recordó que, desde hace dos años, obra en poder del Ministerio de Administraciones Públicas un listado de 40 competencias que, según el Institut d´Estudis Autonòmics, órgano dependiente de la Generalitat. Durante este tiempo, sólo se han abordado 18, de los cuales cinco se han completado de forma correcta, la mayoría referentes a asuntos menores.

Homs lamentó que, en materia de inmigración, no se haya transferido la potestad de contratar en origen. «El traspaso llega tarde y cojo», dijo el diputado nacionalista, quien está convencido de que en el Gobierno «se ríe de nosotros».