Una relación “casi perfecta”, aunque presente algunas dificultades. El conseller de Interior i Relacions Institucionals, Joan Saura, lanzó ayer un mensaje optimista, valorando los puntos de encuentro entre la Generalitat y el Gobierno central a la hora de desarrollar el Estatut. En la rueda de prensa posterior a la Comisión Mixta de transferencias Estado – Generalitat celebrada ayer en Madrid, Saura destacó que, tras una larga negociación, Catalunya asumirá a partir del 1 de octubre las competencias relativas a los permisos iniciales de trabajo para inmigrantes.
En momentos complicados y con el gran escollo que supone la financiación autonómica, paralizada hasta después de las elecciones gallegas y vascas, Saura prefiere ver el vaso medio lleno. “Existe preocupación por una cierta lentitud en el proceso de traspasos previstos”, aseguró el conseller, acompañado de la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado. Saura reiteró que el Gobierno debe poner más empeño en desarrollar el Estatut, pero dejó entrever que también el contexto ha cambiado radicalmente y que ahora la gran preocupación del Govern y del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero es tratar de combatir la crisis económica.

73 PUESTOS
Pese a todo, la negociación de los últimos meses entre el Govern y el Ejecutivo central comienza a dar frutos. Saura señaló que en esta legislatura ya se han cerrado 13 traspasos y que en proceso figuran otros ocho, más cinco convenios. El acuerdo, con un coste de 2,1 millones de euros y el traspaso de 73 puestos de trabajo, supone que los inmigrantes no tengan que pasar por más de una ventanilla para lograr sus permisos.
La Generalitat tendrá, así, a partir de octubre las funciones y los servicios relativos al inicio, instrucción y resolución de procedimientos y notificación de resoluciones, así como a los procedimientos de recurso sobre las autorizaciones iniciales de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se establezca en Catalunya. Con ello, la Administración catalana también tendrá la capacidad de la recaudación de tasas, con una valoración de 3,5 millones de euros. La ministra Salgado, fiel a su discurso austero, consideró que la “lentitud” denunciada por Saura siempre es “un término relativo”. Pero añadió que el Gobierno “se siente tan obligado como el que más al cumplimiento del Estatut”.