CiU denuncia el veto del Gobierno a la contratación en origen Madrid

El Gobierno central cedió ayer oficialmente a Cataluña la gestión de los permisos iniciales de trabajo para los inmigrantes, una competencia que estaba en manos estatales y que ahora se traspasa a la Generalitat porque así lo contempla el artículo 138 del Estatut.

Sin embargo, las concesiones iniciales de residencia las seguirá otorgando el Estado, de tal forma que una y otra administración deberán ponerse de acuerdo a la hora de regularizar a un extranjero que quiera establecerse en Cataluña. Sin permiso de residencia no hay permiso de trabajo, y viceversa.

Tras la reunión del Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Estado – Generalitat, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, aseguró que «ha sido necesaria mucha coordinación» para que los procesos de tramitación de las autorizaciones de trabajo se desarrollen de una forma «ágil», según informa Servimedia.

Expertos en inmigración consultados por este periódico auguran que, a partir de ahora, se complicará aún más un papeleo que ya de por sí es enrevesado y que en ocasiones llega a demorarse varios meses. El objetivo es que el inmigrante tenga un único interlocutor para tramitar todas las gestiones, pero, en la práctica, la Generalitat tendrá que contar con el Gobierno central si quiere que los permisos iniciales de trabajo – de un año de duración – tengan validez.

El traspaso de poderes, que se hará efectivo el 1 de octubre, implica que la Generalitat se encargue de los servicios relativos al inicio, la instrucción y la elaboración del procedimiento, así como la notificación de las resoluciones. El acuerdo alcanzado comporta la transferencia de personal, medios materiales y recursos económicos al Govern.

El conseller de Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, aseguró que este traspaso supone que Cataluña «intervendrá, por primera vez, en la regulación de los flujos laborales migratorios», una cuestión que «fue uno de los temas fundamentales y más debatidos del Estatut». Saura dejó claro que «no ha sido fácil llegar a este acuerdo», en el que el Govern lleva «trabajando dos años».

Desde CiU se quejan de que el traspaso de esta competencia llega con mucho retraso y con carencias, porque no contempla la gestión de los contratos en origen, pieza esencial para el control del flujo migratorio.

Además, el diputado Francesc Homs denunció ayer que de los 40 traspasos previstos en el Estatut, sólo se han abordado 18 y de éstos, únicamente se han materializado en su integridad cinco, informa Daniel G. Sastre.