Cataluña ejercerá a partir de octubre de este año la competencia de otorgar los permisos iniciales de trabajo para personas extranjeras. La Generalitat podrá, así, controlar cuántos inmigrantes podrán incorporarse al mercado laboral catalán. Y cualquier empresario que precise de mano de obra que nunca haya trabajado en Cataluña y que no esté disponible en toda España sólo tendrá que acercarse a una de las Oficinas de Trabajo de la Generalitat y rellenar una única petición: la solicitud de permiso de trabajo y de permiso de residencia. Son dos peticiones pero en un solo papel y en una sola ventanilla. El permiso de residencia lo sigue controlando la Administración central, la Subdelegación del Gobierno.

Ambas administraciones insisten en que sólo habrá una ventanilla, la de la Generalitat. La coordinación será un factor importante. El ejemplo más preciso es la solicitud conjunta de permiso de trabajo y permiso de residencia que el empresario pedirá a la Generalitat y le será devuelta firmada por el Gobierno catalán y por el Central.

Este permiso inicial de trabajo tiene fecha de caducidad, un año. Además, sólo tiene vigencia en Cataluña. Si el inmigrante quiere renovar el permiso deberá dirigirse a la Administración central para pedir un nuevo permiso para dos años y válido para todo el ámbito español.

Según la consejera de Trabajo, Mar Serna, la Generalitat, tendrá la “capacidad de resolver los actos de infracción con resoluciones sancionadoras”. Los trámites entre ambas administraciones se harán a través de un proceso telemático que permitirá “agilizar” el proceso y tener “la Administración del siglo XXI”, según Serna. Así, el proceso será totalmente simultáneo gracias a la coordinación informática.

Los contratos se deberán hacer en origen. Y deberán ser para ocupaciones específicas, que son los que forman parte del catálogo de profesiones de difícil cobertura – que edita el Servicio de Ocupación de la Generalitat – que van desde casos como empleado de funeraria a operario de máquinas para elaborar cavas y otros puestos más reclamados como los que tienen que ver con la industria del metal y, sobre todo, médicos.

Según la Generalitat, este traspaso permitirá la creación de 73 puestos de trabajo en toda Cataluña, ya que se habilitarán más oficinas de tramitación. Este acuerdo supondrá un coste efectivo de 2,1 millones de euros.

Éste fue uno de los acuerdos a los que llegó ayer la Comisión Mixta de Traspasos Estado – Generalitat que se reunió en el Ministerio de Administraciones Públicas. El consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, como presidente de la parte catalana destacó la importancia política de esta medida, pionera en España. A pesar de la cordialidad, Saura aprovechó para subrayar que en Cataluña existe preocupación por una “cierta lentitud” en el proceso de traspasos previstos, por lo que solicitó que antes del verano se cierren todos los acuerdos que se están negociando con la Administración central, entre los que se encuentran la gestión de Cercanías – de la que la Generalitat espera tener una reunión a finales de febrero – y la inspección de trabajo, que está “muy avanzada”.