pamplona. Los expedientes de expulsión a extranjeros se ha incrementado en los últimos años en Navarra. Durante el 2006 se incoaron un total de 524 casos de los que fueron ejecutados 87; y en el 2007 fueron 598 de los que se llevaron a efecto 55.

Asimismo, hasta marzo de este años hay contabilizados 189 trámites de expulsión fruto de los cuales 33 inmigrantes han tenido que volver a sus países de origen,: el 17% de los expedientes incoados. El 90% de estos procedimientos se han dirigido a personas “cuyo único delito es encontrarse en situación irregular, una falta administrativa de acuerdo con el artículo 53 de la Ley de Extranjería”. Los colectivos SOS Racismo y la Plataforma de Derechos y Papeles para los Inmigrantes Denontzat ofrecieron ayer estos datos tras comparecer en la Comisión Especial de Convivencia y Solidaridad Internacional del Parlamento foral para exponer su “inquietud” por las expulsiones de personas inmigrantes en la Comunidad. El problema real son los inmigrantes que se quedan aquí “marcados” con trámite de infracción administrativa y que no pueden regularizarse ya que tienen que esperar al menos ocho años para obtener papeles: los tres que se necesitan por arraigo y los cinco por verse incurso en un expediente administrativo. Pidieron sin éxito la mediación de la comisión para instar al Estado a suprimir el artículo 57 de la Ley de Extranjería que avala la expulsión en caso de infracciones muy graves o conductas graves en lugar de multa, así como la revisión del auto del juzgado de instrucción número 1 de Pamplona que ordena (16 de octubre de 2008) la detención en un Centro de Internamiento para su posterior expulsión (se consumó en diciembre) del ciudadano navarro Madjid Sahouane (12 años con su “documentación en regla”). Desde el colectivo musulmán, Mohamed Talbi denunció la situación del joven de origen argelino, detenido en 2004, acusado de pertenecer a un grupo terrorista, y que tras cuatro años en prisión preventiva, fue absuelto sin cargos por el Supremo (7 de octubre). Su situación es un “atentado contra sus derechos básicos” y evidencia la "persecución"de este colectivo por parte de “la Policía o de testigos protegidos e incluso escuchas telefónicas en sus lugares de trabajo o fuera” sólo por tener un nombre árabe. Estuvo acompañado por Leyre Olza y Ion Kepa Solchaga de Sos Racismo, Marcelo Argañaraz y Javier Urroz de Denontzat. Desde NaBai, Ioseba Eceolaza destacó la “intranquilidad humanitaria” al conocer los datos de expulsiones y denunció la nueva directiva europea de retorno, “primacía de medidas de índole represivo” en lugar de “integración social”, además de no garantizar “una mayor seguridad jurídica”. Javier Marcotegui (UPN) dejó claro que la política de extranjería es competencia estatal, opinión compartida por José Luis Izco (PSN) que, aunque lamenta que “pueda haber fallos, se actúa con la ley”.