La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de Canarias, Inés Rojas, denunció ayer en Madrid el “limbo” legal en el que se encuentran los menores inmigrantes no acompañados que llegan al Archipiélago en pateras y cayucos y reclamó una reforma urgente de la Ley de Extranjería para que su traslado a otras autonomías no dependa de la solidaridad de sus gobiernos regionales.

En la segunda Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada ayer en Madrid, Rojas exigió que la regulación de los menores sea una “cuestión de Estado”.

En declaraciones a EL DÍA, Inés Rojas señaló que Corbacho se ha comprometido a estudiar la propuesta del Gobierno canario. Rojas explicó que las políticas europeas y españolas se centran en cerrar las fronteras para los adultos y eso ha generado un incremento de la inmigración infantil desde África, que entra por la “fisura que está abierta en Canarias”.

La consejera canaria señaló que la reforma de la Ley de Extranjería “es una oportunidad que no hay que dejar pasar para regular la situación de los menores no acompañados que llegan a las Islas”. Precisó que en sólo 40 días han llegado 89 en las expediciones de los cayucos, pero son más de 6.000 desde que llegara el primer niño hace 10 años.

Liderazgo del Estado

Reclamó al Gobierno que lidere el problema de los menores inmigrantes no acompañados para que su traslado a la Península no dependa de la solidaridad de estas comunidades.

“Entendemos que la ley debe completar la situación de estos niños para que sea una cuestión de Estado y no de las comunidades autónomas”.

Rojas recordó que la tutela de los menores a las autonomías se reguló en el año 1987 y no se contempló una situación que se produjo unos cuantos años después con la llegada de menores extranjeros no acompañados en los cayucos.

En este sentido, explicó que Canarias pide que el Gobierno central asuma algún “título jurídico” sobre este asunto sin que implique que las comunidades autónomas pierdan las competencias sobre menores.

“Todas las comunidades tienen competencias sobre menores, ninguna ley dice que los inmigrantes menores no acompañados sean competencia de las Islas Canarias”, replicó.

Dicho esto, advirtió de la urgencia de regular la situación de los menores inmigrantes porque, con la regulación actual, se corre el riesgo de que se “alimente” el flujo de niños procedentes del continente africano.

“Ahora hay menos pateras, sí, pero llegan más niños y muere más gente en el mar”, denunció la consejera canaria.

Además, Inés Rojas precisó que Corbacho se ha comprometido a estudiar la propuesta canaria, máxime teniendo en cuenta que existe un documento del Parlamento regional que insta al Gobierno central a tener en cuenta esa iniciativa.

Sin embargo, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, también presente en la Conferencia Sectorial, aunque no hizo referencia a la posibilidad de introducir en la reforma la cuestión de los menores inmigrantes, señaló la semana pasada que en opinión del Gobierno, la Ley de Extranjería “no parece el lugar más adecuado” para regular esta problemática.

Por su parte, el consejero de Castilla y León, Alfonso Fernández, mostró su total apoyo a las reivindicaciones de Canarias para que la tutela de estos niños pase al Estado. No tan claro fue el consejero madrileño, Javier Fernández, para quien la clave está en el control de las fronteras y en la colaboración con los países de origen para su repatriación.

Malestar en el PP

En cuanto al anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, el consejero de la Comunidad de Madrid manifestó su “malestar” por que el Gobierno haya sometido el texto a consideración de las comunidades autónomas cuando ya está cerrado y sin aportar datos sobre la realidad de la inmigración en España para hacer las aportaciones oportunas.

“Así es muy difícil evaluar lo que se está haciendo desde el Gobierno”, se quejó el responsable de inmigración madrileño, para quien la reforma de la ley “desaprovecha una oportunidad para facilitar el empleo a los inmigrantes” y además pone “más barreras” a la movilidad de los inmigrantes entre comunidades y sectores de actividad.

No obstante, Rumí aseguró que el Gobierno tendrá en cuenta las aportaciones de las autonomías y que “algunas tendrán traslación” al texto e incidió en que la ley resultante de la reforma será una iniciativa “de consenso político y social” que permitirá avanzar “de una Ley de Extranjería a una ley de inmigración” porque el Gobierno “no va a escatimar en consultas”.

En esta línea se pronunció la consejera andaluza, Clara Aguilera, quien resaltó que ésta es una oportunidad para adecuar la ley a la realidad social de España y para dar a los inmigrantes los derechos que la anterior ley les negaba. Además destacó que liga los flujos de inmigrantes a las necesidad del mercado. Aprovechó además para destacar que el Gobierno ha dado hasta abril para presentar las alegaciones que las comunidades autónomas consideren oportunas.

Indicó que Andalucía pedirá más “claridad” en las redacciones sobre asuntos relacionados con sanidad y educación para que no entre en contradicción con la normativa andaluza.

En los mismos términos se manifestó Rojas, quien recalcó que la norma debe adaptarse a la realidad social del momento.

integración

Sin fijar el reparto de 200 millones

La Conferencia Sectorial reunió a los consejeros del ramo con el ministro de Inmigración, Celestino Corbacho, para evaluar el anteproyecto de la nueva Ley de Extranjería y fijar los criterios de reparto del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo, dotado con 200 millones de euros. Pero la sesión se cerró sin que se hubiera concretado cómo se distribuirá el dinero entre las distintas regiones, lo que se hará en las próximas semanas, según aclararon fuentes del Ministerio de Inmigración. Consuelo Rumí explicó que antes de la celebración de la Conferencia Sectorial se produjo una reunión “de directores generales” en la que se esbozó un reparto “equilibrado” de estos fondos para poder trabajar en un marco de cooperación" entre las administraciones implicadas. El fondo contempla la distribución de 107,8 millones de euros para Acogida e Integración, 88,2 millones para Refuerzo Educativo y 4 millones de euros para seguir financiando la atención de los menores extranjeros no acompañados que fueron desplazados desde Canarias a la Península hace unos dos años y que aún están bajo protección de las distintas comunidades autónomas que los acogieron, conforme aclaró la consejera canaria Inés Rojas.