El Parlamento Europeo ha aprobado un proyecto de directiva que obligará a los 27 Estados miembros a sancionar a quienes contraten inmigrantes ilegales. La medida se presenta como una disposición que trata de evitar su explotación. A pesar de esta declaración programática, su última finalidad puede ser otra. El debate político, económico y social sobre inmigración es una de las cuestiones más importantes y polémicas en el ámbito de la Unión. Su complejidad lo convierte en una cuestión poliédrica al estar implicados elementos enfrentados. La grave crisis económica que conlleva altas tasas de paro y aumento de la inseguridad ciudadana ha calado como argumento contra una política favorecedora.

Así, a Francia y a Italia se han unido países como el Reino Unido o Alemania, movidos por una fuerte presión social que entiende que la presencia extranjera agrava, entre otros, sus problemas de empleo. La aprobación de esta severa directiva quizás responda más a la defensa de una prosperidad económica que se desmorona, que a una preocupación social. Es creciente el porcentaje de la población que siente que la inmigración colapsa la seguridad social, amenaza el servicio de justicia gratuita o agota las prestaciones sociales. En suma, se considera que es una evidente amenaza del poco bienestar que nos queda. Frente a ello entiendo que Europa, sobre todo la más desarrollada, no puede olvidar el deber de solidaridad que, en justicia, tiene con el Tercer Mundo; y la obligación moral que ha contraído con esa mano de obra, a veces ilegal, que durante la última década desempeñó las duras tareas que, hasta ahora, rechazaban sus nacionales.