LOS ÁNGELES, California (EFE).— El concejo de Los Ángeles aprobó un acuerdo de más de 12 millones de dólares entre el Departamento de Policía (LAPD) y 300 demandantes por daños causados a manifestantes el 1 de mayo de 2007 en el parque McArthur.

“El acuerdo es bueno porque asegura una compensación económica a las personas afectadas por las acciones de la policía”, indicó Carol Sobel, representante del grupo de abogados denominado Proyecto de Rendición de Cuentas de la Policía (NPAP). Además de la compensación, “el acuerdo también cambiará significativamente la manera en cómo la policía actúa en ese tipo de situaciones”, agregó.

Con unanimidad de votos, el concejo angelino aprobó el miércoles que se otorguen 12 millones 850 mil dólares para que 200 demandantes de la Red de Organizaciones Multiétnicas de Trabajadores Inmigrantes (MIWON) y otras 100 víctimas que presentaron querellas legales ante la corte federal a través de ocho abogados privados, puedan reclamar compensaciones.

José Huizar, concejal del distrito 14, dijo que “con este arreglo, el liderazgo en esta ciudad reconoce que algunos errores graves ocurrieron ese día”. “Y mientras la policía, al mando del jefe William Bratton, está trabajando para corregir esos errores, es importante que nosotros también reconozcamos a las víctimas que marchaban por sus derechos y al libre ejercicio de la libertad de expresión”, agregó el concejal del este de Los Ángeles.

Entre los demandantes, contó la abogada Sobel, al menos 10 resultaron con heridas graves. “Hay una mujer que tenía dos meses de embarazo y, como producto de las carreras y el gas perdió a su bebé”.

Los hechos ocurrieron la tarde del 1 de mayo de 2007, después que unos 3 mil manifestantes se dieron cita en el parque McArthur para exigir una reforma migratoria y la policía los desalojó violentamente. Ese día, Bratton, el jefe del LAPD, justificó la reacción policial, diciendo que fue provocada por varios manifestantes que lanzaron botellas con agua y otros objetos a los agentes.

Una investigación interna del LAPD encontró que los policías efectuaron 240 disparos contra los manifestantes, lo que a juicio de los abogados constituye un uso de fuerza excesiva contra civiles. En cualquier caso, April Harding, oficial de relaciones con los medios de comunicación del LAPD, comentó que “este es un acuerdo parcial, todavía hay otros acuerdos por hacer y es política de la policía no hacer comentarios al respecto mientras continúan las litigaciones”.

El caso fue certificado como demanda colectiva, en enero de 2008, por el juez federal A. Howard Matz, quien el próximo 13 de febrero va a escuchar el acuerdo aprobado por el concejo municipal. “El acuerdo es preliminar, porque hay que lograr la aprobación del alcalde y también del juez federal”, dijo Jorge González, uno de los 15 abogados de MIWON.

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