B. Navarro
“No traslademos un problema de trabajo a los trabajadores”, repetía ayer la Comisión Europea, empujada por los huelguistas británicos a pronunciarse sobre la vigencia de la directiva de 1996 que permite a una empresa desplazar a trabajadores nacionales a otro país por un periodo de tiempo. El comisario de Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, no ve motivos para revisar la norma pero ha lanzado un estudio para analizar problemas concretos de su aplicación. No descarta tomar medidas para equilibrar las libertades económicas que los gobiernos reclaman – el británico el primero-con la protección de los trabajadores, en desventaja al no existir un salario mínimo común. La directiva en cuestión se deriva del principio consagrado en 1992 de libre circulación de trabajadores en la UE, una conquista crucial que algunos pretenden poner a prueba.