El año 2008 fue igual de terrible que el ejercicio precedente en lo que se refiere a la violencia contra las mujeres en Euskadi. Los juzgados vascos recibieron en los últimos doce meses 3.979 denuncias penales, una media de once casos diarios, y las mujeres maltratadas reclamaron 1.783 órdenes de protección, una media de cinco cada día. El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, detalló ayer el balance de los tribunales específicos existentes en la comunidad y mostró su pesar por la gravedad de los datos. Son cifras «alarmantes», dijo el político de EA.

La violencia contra las mujeres no retrocedió en 2008, a pesar de los esfuerzos de la Administración. Las denuncias penales fueron 62 más que el año anterior, cuando se tramitaron 3.917. Más de la mitad de ellas se registraron en Vizcaya, con 2.256, el único territorio donde se incrementaron (166 más). En Guipúzcoa se contabilizaron 1.082 (35 menos) y en Álava, 641 (69 menos).

Volvió a sorprender la sobredimensionada presencia de maltratadores y víctimas de origen extranjero. Los agresores inmigrantes representan un tercio del total, y las víctimas de otros países en torno al 25%. Apenas suponen un 5% de la población vasca, por lo que la incidencia de la violencia de género en este colectivo es «altísima», interpretó Azkarraga. Los casos más numerosos se producen entre las mujeres procedentes de Latinoamérica (15%), del Este (8%) y africanas, con un 2,7%.

Aunque se registraron casi los mismos episodios de violencia de género, en 2008 se solicitaron menos medidas de protección, 1.783 frente a las 1.931 del año anterior: 1.004 en Vizcaya, 515 en Guipúzcoa y 264 en Álava. Con todo, siguen siendo cerca de cinco reclamaciones diarias. Se acordaron medidas en el 60% de los casos.

Un 12% renuncia

El consejero mostró su preocupación por la «tendencia al alza» de víctimas que renuncian al proceso judicial, que representaron el 11,6% de los casos (462 mujeres). Según explicó, las razones de este desistimiento pueden deberse a la dependencia emocional con el agresor o a que las mujeres se sienten culpables de la ruptura de la familia. También aparecen como otras causas la falta de medios económicos o el miedo a posibles represalias.

Azkarraga anunció la puesta en marcha de tres unidades de valoración forense integral, una por cada territorio. En Bilbao comenzará a funcionar el 16 de febrero y en ella trabajarán cinco médicos forenses expertos en psiquiatría, dos psicólogos y dos trabajadores sociales. En San Sebastián y Vitoria se pondrán en marcha en abril y junio, respectivamente, con dos especialistas sanitarios, dos psicólogos y un trabajador social. A todo su trabajo hay que sumar el realizado por los 15 letrados de guardia, que prestan asistencia jurídica las 24 horas del día.