El partido de extrema derecha España 2000 aprovechó un crimen machista para montar ayer una manifestación xenófoba. Fue en Paiporta (Valencia), donde el pasado 11 de enero una joven fue asesinada presuntamente por un hombre de origen marroquí que durante meses había estado obsesionado con ella.

La nacionalidad del supuesto asesino sirvió a España 2000 para convocar a sus militantes bajo el lema “Legales, los justos; delincuentes, ninguno”. En teoría, la manifestación iba a ser de duelo por el crimen, pero quienes se acercaron ayer a la marcha pudieron comprobar que de quien menos se habló fue de la chica asesinada.

En realidad, la marcha fue una llamada a la xenofobia, entre banderas de España y gritos de exaltación patriótica. Hasta Paiporta acudieron varios de los principales líderes de la formación ultraderechista. Todos dedicaron unos segundos al inicio de sus discursos al recuerdo de Carolina, la mujer fallecida.

Acto seguido, relacionaron su muerte con la población inmigrante que vive en España. “Están creando sus mafias dentro de nuestro país”, bramó desde el escenario Andrés Vicent, concejal en la localidad valenciana de Silla, que convocó al público a “comenzar a luchar”. “Las calles de España son nuestras y tenemos que mantenerlas limpias”, dijo. Y concluyó su discurso con un “arriba España”.

Vecinos desconcertados

La manifestación, de 1.000 personas según los convocantes y 400 según varios agentes de la Policía Local, recorrió varias calles del pueblo. Muchos de los vecinos salieron a la calle a contemplar el paso de la comitiva, que incluía antorchas y banderas de España.

Algunos espectadores mostraron su desconcierto. “Aquí se están mezclando las cosas. Aprovechan el tirón del dolor por la muerte de la chica para ir en contra de los inmigrantes”, resumió una de las vecinas que presenció la marcha desde la acera.

Desde que la manifestación fue anunciada, las asociaciones y los partidos políticos de Paiporta intentaron evitarla. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, aprobó un Manifiesto por la Convivencia para denunciar “el aprovechamiento partidista que determinados grupos desaprensivos de extrema derecha están haciendo del dolor colectivo”.

Colectivos antifascistas como Acció Popular contra la Impunitat se solidarizaron con el Consistorio. Finalmente, la Delegación del Gobierno informó de la legalidad de la concentración porque no incurría “en ningún supuesto de prohibición”, aunque reprobó sus motivaciones “claramente xenófobas”.