Salvada por la campana. María Contreras, de 26 años, no fue desahuciada finalmente ayer de su vivienda en la plaza de la Constitución de Espinardo, en una de las zonas de la pedanía – Espíritu Santo – más humildes y extremadamente azotada por la droga. Cerca de un centenar de personas, entre familiares y vecinos, arroparon a María y a sus cuatro hijos – de entre 2 y 9 años – ante el auto judicial que establece que la mujer, de etnia gitana, debía abandonar la casa a las 12.00 horas de ayer, incluso descerrajando la cerradura. El domicilio es una vivienda social adjudicada a un familiar – «el padre de mi cuñado», dice María – , y Asuntos Sociales lleva tiempo con el punto de mira puesto en ella «porque dicen que me la ha vendido». Finalmente, dos funcionarios del Ayuntamiento se acercaron a la casa, sobre las 13.00 horas, para comunicar a la familia la suspensión del desalojo por el juzgado de Primera Instancia Número 7.

Desde las 10.30 horas, parientes y vecinos de María iniciaron una manifestación pacífica delante de la vivienda para impedir la expulsión de esta joven madre y sus cuatro hijos. Según fuentes de la Policía Local consultadas por Efe, todo se desarrolló sin incidentes y la presencia policial fue prácticamente testimonial. Las mismas fuentes indicaron que la decisión judicial de paralizar el desalojo se debió al riesgo de que la oposición de los vecinos derivara en desórdenes públicos.

«Si me acaban echando, espero que el Ayuntamiento tenga compasión y me dé otra casa o me consiga un alquiler barato, porque tengo que alimentar a cuatro criaturas y todos necesitamos un techo. Con los 700 euros mensuales que recibo como ayuda social llego a duras penas a fin de mes», cuenta María, viuda desde hace dos años. «Él murió por culpa de la droga: tuvo un accidente y cuando cobró la indemnización se enganchó a la heroína: en un año había fallecido», aclara Manuela, una de los ocho hermanos de María.