Las chabolas siguen formando parte del paisaje de Zorrozaurre, que se prepara para su transformación en el gran escenario del nuevo Bilbao. En la trasera del número 60 de la ribera de Deusto, junto al muro de la antigua fábrica de Artiach, se han instalado cinco casetas y dos contenedores habitados por inmigrantes desde hace aproximadamente un año, según los informes de la Policía Municipal. Los vecinos de la zona han reclamado que se tomen medidas en varias ocasiones, pero el proceso de desalojo se está alargando. La denuncia penal que presentó en octubre la inmobiliaria Gordoniz, propietaria del terreno, fue sobreseída, y ahora se dispone a iniciar acciones civiles.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao determinó que la ocupación del solar, donde se acumulan materiales de obra que fueron utilizados para construir las chabolas, «no es un hecho constitutivo de infracción penal». Al tratarse de un terreno y no una vivienda no puede considerarse allanamiento, explica el abogado de la empresa. El auto judicial, con fecha del 21 de octubre, remite a los denunciantes «a las acciones civiles que pudieran corresponder», y esto exige la identificación de los chabolistas.

«No se puede meter una demanda civil a personas desconocidas», añade el letrado de inmobiliaria Gordoniz. La empresa ha pedido la colaboración de la Policía Municipal, que hace unos días le ha entregado un informe con fotografías y datos concretos de siete personas que viven en el solar, todos ellos inmigrantes marroquíes de edades comprendidas entre 25 y 42 años. En las diligencias consta que algunos de ellos disponen de permiso de residencia y ninguno tiene causas pendientes con la justicia.

En realidad, la Policía Municipal ha acudido varias veces al solar de Artiach desde junio del año pasado, cuando los vecinos denunciaron una situación que «crea un clima de inseguridad ciudadana en el barrio». En aquel momento había unas quince personas que vivían en cinco precarias construcciones «en muy malas condiciones de salubridad». Los agentes tomaron fotografías e informaron al área de Urbanismo, que también ha recibido cartas de residentes. Al tratarse de un terreno de titularidad privada, el Ayuntamiento no puede ordenar el desalojo, que deben solicitar los propietarios por la vía judicial.

La inmobiliaria, que restauró el palacio Madaleno, situado junto al solar, acumuló allí restos de obra y materiales para otras promociones. Ladrillos, tablones y tejas que los inmigrantes, tras romper la valla, aprovecharon para construirse un sitio donde vivir. La empresa solicitó la intervención de la Policía Municipal, al entender que era un tema de su competencia, y finalmente acudió al juzgado en octubre, cuando este periódico dio a conocer la situación y las quejas vecinales. Ahora prepara la demanda civil con el atestado de la guardia urbana, que ha recibido hace escasos días. «La Policía Municipal ha colaborado con los propietarios en todo momento», destacan los responsables municipales.

En su último informe, de este mes, los agentes describen un entorno doméstico con «sillas, cazuelas, vasos y cubiertos» que dejan al descubierto la vida cotidiana. «En Navidad pusieron un árbol con luces», afirma un vecino que también fue testigo de un pequeño incendio que provocó la intervención de los bomberos. «Cada vez han levantado más chabolas, han cogido la luz del tendido eléctrico de algún lado y también utilizan dos contenedores como viviendas. Van a la fuente a por agua con los cubos, hacen sus necesidades por allí, cocinan haciendo fuego y en el barrio están aumentando los robos, aunque no podemos señalar a nadie». Los afectados no entienden cómo se tarda tanto tiempo en desalojar un terreno ocupado de forma ilegal. «Como donde están no parece que molestan a nadie… mientras no acampen en el parque de Doña Casilda o en Campo Volantín, no hay problema», censuran.